“La impunidad no es la ausencia de castigo, es la garantía de repetición.”Carlos Santiago Nino

“La impunidad no es la ausencia de castigo, es la garantía de repetición.”

“El poder revela su verdadera naturaleza cuando decide qué vidas son prescindibles.”Judith Butler

“El poder revela su verdadera naturaleza cuando decide qué vidas son prescindibles.”

“La desaparición es el crimen perfecto: borra el cuerpo, pero también la verdad.”Ariel Dorfman

“La desaparición es el crimen perfecto: borra el cuerpo, pero también la verdad.”

A Claudia Sheinbaum le incomoda la ONU. Lo que son las cosas: al crimen organizado, no. Y esa asimetría, tan reveladora como inquietante, explica mejor que cualquier informe el estado real del país. Mientras el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advierte que la magnitud de las desapariciones en México puede constituir un crimen de lesa humanidad y solicita la intervención de la Asamblea General, la respuesta del gobierno mexicano —articulada desde la Cancillería y respaldada por el aparato político— no fue asumir la gravedad del señalamiento, sino descalificarlo con ese tono entre ofendido y soberanista que tanto gusta cuando no hay resultados que defender. La soberanía, dicen…

Pero no la soberanía frente a los grupos criminales que controlan territorios, imponen reglas y deciden quién vive y quién desaparece, sino la soberanía frente a organismos internacionales que documentan lo que el propio Estado no ha querido —o no ha podido— resolver.

Más de 133 mil personas desaparecidas desde 2018 según registros acumulados que retratan la magnitud del horror. Apenas 43 mil, según el nuevo corte administrativo presentado por el gobierno. La diferencia no es menor ni anecdótica; es la distancia exacta entre reconocer una crisis y administrarla políticamente.

Porque lo que aquí está en juego no es un debate metodológico, sino una estrategia de narrativa del desastre: si el número baja en el papel, la presión baja en la agenda, aunque la realidad permanezca intacta o incluso empeore. Desaparecer cifras como forma de gobernar la tragedia.

Y en esa lógica, personajes como Marcelo Ebrard salen a defender la postura oficial con la misma soltura con la que se minimiza el problema, calificando el informe de parcial, sesgado o descontextualizado, como si el contexto no fuera precisamente el que describe el Comité: un país donde las desapariciones ocurren con la participación, tolerancia o aquiescencia de autoridades en distintos niveles.

No se trata de una política de Estado, aclara la ONU. Y aun así, el Estado se siente aludido... Tal vez porque lo que se describe no es una orden centralizada, sino algo más incómodo: un sistema donde la colusión, la omisión y la incapacidad se entrelazan hasta producir un resultado funcional para la impunidad. Un sistema donde nadie ordena desaparecer, pero muchos permiten que ocurra. Un sistema donde el poder político —incluido el que hoy encabeza Sheinbaum— heredó una crisis y decidió administrarla en lugar de confrontarla, apostando más por el control del relato que por la transformación de la realidad.

Y ahí aparece otra figura clave: Alejandro Encinas, quien durante años fue el rostro institucional del tema y hoy —lejos de la función pública— carga con el desgaste de un aparato que prometió verdad y terminó ofreciendo cifras ajustadas, registros cuestionados y explicaciones que no alcanzan para contener el tamaño del agravio.

Porque mientras en el discurso se habla de derechos humanos, en el terreno las familias siguen buscando solas, expuestas, vulnerables, haciendo el trabajo que el Estado debería garantizar. Buscan con herramientas precarias y con una certeza devastadora: que encontrar puede significar morir. Como le ocurrió a Cecilia García Ramblas, asesinada mientras buscaba a su hermano desaparecido.

La ecuación es brutal y profundamente reveladora: en México no solo desaparecen personas, también desaparecen quienes se atreven a buscarlas. Y frente a eso, el gobierno responde con categorías administrativas que permiten declarar “localizada” a una persona por el simple hecho de que alguien interactuó con su CURP en un sistema, como si la trazabilidad digital sustituyera la verificación física, la identidad confirmada y la integridad garantizada.

Eso no es política pública. Es contabilidad del horror. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que debería ser un instrumento de verdad, memoria y justicia, ha sido convertido en una herramienta de gestión política, donde cada ajuste reduce presión, diluye responsabilidad y permite sostener una narrativa de control que se desmorona en cuanto se contrasta con la realidad de las fosas clandestinas que siguen apareciendo en todo el país.

Por eso la reacción contra la ONU no es solo desproporcionada, es profundamente reveladora: no molesta la acusación de una política de Estado inexistente, molesta la descripción de un sistema que funciona, precisamente, porque nadie lo reconoce como tal. Un sistema donde la soberanía se invoca para rechazar críticas, pero no para garantizar derechos. Un sistema donde el poder se indigna ante el escrutinio internacional, pero convive con la violencia interna como si fuera una externalidad inevitable. Un sistema donde desaparecer personas es grave, pero desaparecerlas de las cifras resulta políticamente útil.

Y en ese punto, la conclusión es inevitable: la ONU no exagera. Si acaso, describe apenas la superficie de un fenómeno cuya profundidad sigue siendo deliberadamente ignorada por quienes deberían enfrentarlo.

México significa “en el ombligo de la luna”. Y hasta allá, a la luna, la misión Artemis II decidió llevar los nombres de 52 personas desaparecidas mexicanas, en un gesto que, sin proponérselo, terminó siendo más contundente que cualquier política pública nacional. Aprendan.

Hubo que sacarlos del país —literalmente del planeta— para que alguien los nombrara sin matices, sin categorías administrativas y sin la tentación de reducirlos a cifras manejables. Aquí, en cambio, siguen atrapados entre registros que cambian, discursos que acomodan y autoridades que prefieren discutir metodologías antes que asumir responsabilidades.

Tal vez por eso incomoda tanto el señalamiento internacional, porque rompe el relato cuidadosamente construido desde el poder y exhibe la distancia entre lo que se dice y lo que ocurre.

Porque la soberanía no se mide por la capacidad de rechazar críticas incómodas, sino por la capacidad de garantizar que sus ciudadanos no desaparezcan sin dejar rastro. Y hoy, en México, esa garantía no existe.

El ombligo de la luna, ese que nos da nombre, ya no es símbolo de origen, sino de contraste.

Allá arriba, los nombres flotan como memoria. Aquí abajo, se hunden entre fosas y expedientes corregidos. Y en medio de esa distancia, un gobierno que ha decidido que es más urgente defender su narrativa que rescatar la realidad.

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