Donald Trump puede intentar dividir a México y Canadá en la mesa de negociaciones, presionar a cada uno por separado y presentar cualquier concesión como una victoria de Estados Unidos. Lo que no puede hacer, ni siquiera desde la Casa Blanca, es borrar tres décadas de integración productiva, desmantelar por decreto las cadenas industriales que cruzan las fronteras o cambiar la geografía económica de América del Norte. Su renovada inclinación por los acuerdos bilaterales plantea una interrogante que México debe responder con inteligencia: ¿conviene aceptar negociaciones por separado cuando nuestros intereses lo justifiquen, o estamos ante una estrategia que podría terminar debilitando la posición de los dos socios frente a Washington? El peligro no está necesariamente en sentarse a negociar a solas con Trump, sino en hacerlo olvidando que nuestra principal fortaleza reside en una integración regional que también resulta indispensable para los estadounidenses.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá atraviesa una etapa particularmente delicada. El primero de julio, cuando correspondía evaluar su funcionamiento y decidir sobre la extensión de su vigencia, Washington se negó a renovarlo en los términos actuales. La decisión no significó su cancelación, como algunos interpretaron precipitadamente, pero tampoco fue un trámite menor. El tratado continúa vigente y, conforme a sus disposiciones, puede mantenerse hasta 2036, mientras los tres países realizan revisiones anuales en busca de un acuerdo que permita extenderlo por otro periodo de dieciséis años. La incertidumbre, por tanto, no consiste en una desaparición inmediata del T-MEC, sino en la posibilidad de que las negociaciones se prolonguen bajo una presión creciente sobre las inversiones y las decisiones productivas.

Trump conoce perfectamente el valor de esa incertidumbre. Desde su primera Presidencia convirtió los aranceles en instrumentos de negociación y encontró en la amenaza comercial una manera de obligar a gobiernos y empresas a reaccionar antes de que se materializaran las medidas anunciadas. Ahora pretende revisar las condiciones de una relación norteamericana que él mismo contribuyó a reformular cuando el antiguo TLCAN fue sustituido por el T-MEC. La contradicción es evidente: el acuerdo que durante su primer mandato presentó como una conquista de su política comercial se ha convertido nuevamente en objeto de sus inconformidades. Para Trump, ningún acuerdo parece suficientemente definitivo cuando considera que puede obtener ventajas adicionales.

La administración estadounidense ha manifestado su interés en conseguir entendimientos específicos con México y Canadá antes de resolver las cuestiones estructurales del tratado. Su representante comercial, Jamieson Greer, ha planteado la conveniencia de alcanzar arreglos provisionales con cada país, mientras continúan las discusiones sobre las modificaciones de mayor alcance. Ese esquema no implica necesariamente sustituir el acuerdo trilateral por dos tratados independientes. Las negociaciones bilaterales pueden desarrollarse dentro del propio proceso de revisión y servir para resolver asuntos particulares. Sin embargo, cuando el presidente de Estados Unidos insiste en privilegiar acuerdos separados, resulta legítimo preguntarse si busca solamente mayor eficacia negociadora o si pretende reducir la capacidad de sus socios para defender intereses comunes.

México debe evitar dos errores igualmente peligrosos. El primero sería rechazar cualquier negociación bilateral bajo el argumento de que todo debe discutirse necesariamente entre los tres países. Nuestra relación económica con Estados Unidos posee características propias y numerosos problemas pueden resolverse mejor mediante conversaciones directas. El segundo, mucho más delicado, sería aceptar que los entendimientos bilaterales terminen erosionando las reglas, garantías y compromisos que hacen valiosa la integración norteamericana. Negociar bilateralmente no significa renunciar al tratado trilateral, pero negociar sin una estrategia regional puede terminar debilitándolo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que el T-MEC continúa vigente y que México debe procurar las mejores condiciones posibles para su economía. Esa posición tiene fundamento jurídico. El tratado no desapareció porque Estados Unidos decidiera no extenderlo durante la primera revisión y sus mecanismos siguen siendo aplicables. Pero la vigencia legal no garantiza por sí sola la estabilidad comercial. Las empresas necesitan certezas sobre aranceles, reglas de origen, condiciones de inversión y requisitos regulatorios para planear operaciones que frecuentemente comprometen miles de millones de dólares y varios años de producción. Cada nueva amenaza comercial introduce costos que terminan afectando la competitividad de toda la región.

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