Conocí a Salvador Allende cuando yo era niño. Fue en Guadalajara, el 2 de diciembre de 1972, durante aquella visita oficial a México que dejó una huella profunda en la memoria política y universitaria de la ciudad. Mi padre era entonces presidente municipal de Guadalajara y yo, con esa curiosidad precoz que desde muy pequeño tuve por los asuntos públicos, conseguí colarme por ahí en el despacho y verlo de cerca. No pretendo reconstruir más de medio siglo después cada detalle de aquel encuentro ni darle una dimensión que no tuvo, pero sí recuerdo perfectamente el impacto que me produjo aquel hombre. Allende era entonces algo extraordinariamente novedoso para muchos latinoamericanos: un socialista que había llegado a la Presidencia por la vía electoral y que pretendía transformar profundamente la estructura económica y social chilena conservando el marco institucional. Ese mismo día pronunció en la Universidad de Guadalajara uno de los discursos más recordados de su trayectoria, frente a una comunidad universitaria que lo recibió multitudinariamente.

Yo era un niño, pero un niño al que le gustaba leer, preguntar y tratar de entender la política. Y algo de aquella experiencia me quedó muy grabado. En aquel momento veía en Allende una búsqueda que me parecía particularmente atractiva: la posibilidad de que el capital humano tuviera un lugar propio al lado del capital financiero; que la economía no estuviera pensada exclusivamente desde la propiedad, la rentabilidad o la acumulación, sino también desde el trabajo, la educación, la salud, las oportunidades y la dignidad de las personas. Así lo entendía aquel niño y así recuerdo todavía la impresión que me produjo. Eso no significa que, más de medio siglo después, deba convertir aquella impresión en una absolución histórica de su gobierno. Significa reconocer lo que Allende representó para una generación latinoamericana y también para un niño que tuvo la fortuna de verlo personalmente en Guadalajara.

La historia, precisamente, merece algo mejor que santos y demonios. El Chile de comienzos de los años setenta llegó a una polarización extrema, con una economía profundamente deteriorada, inflación, desabasto, huelgas, confrontación política y una creciente incapacidad de las distintas fuerzas para construir acuerdos. Allende había llegado a La Moneda dentro del orden constitucional chileno, pero su gobierno se desarrolló en un ambiente de enorme conflicto institucional y social. También hubo sectores de la Unidad Popular que pretendían acelerar transformaciones revolucionarias, una oposición cada vez más confrontada con el Ejecutivo y una intervención estadounidense contra Allende que está ampliamente documentada. Ninguna descripción seria de aquel período puede reducirse a la imagen de un gobierno perfecto destruido exclusivamente desde fuera, ni tampoco a la de un presidente que por sus errores hubiera dejado de pertenecer al orden constitucional. La historia real es bastante más compleja.

Pero hay un dato que permanece y que no admite relativización: el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas chilenas derrocaron al gobierno de Allende, bombardearon La Moneda y abrieron paso a la dictadura de Augusto Pinochet. Reconocer los errores del gobierno de la Unidad Popular no modifica lo que vino después: una dictadura que disolvió el Congreso, persiguió opositores y quedó asociada a ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, prisión política y exilio. Más de medio siglo después, incluso bajo el actual gobierno chileno, continúan abiertas investigaciones y solicitudes de indulto relacionadas con personas condenadas por violaciones de derechos humanos cometidas durante aquel régimen.

Y ahí conviene ser claro con Pinochet.........

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