Una manifestación ciudadana puede ser multitudinaria, cerrar calles, concentrarse frente a edificios públicos y expresar con toda energía el descontento que supone su motivación. Lo que no puede permitirse es que se convierta en una batalla campal al ser secuestrada por quienes perversamente manipulan la protesta genuina y la convierten en acciones radicales que buscan prohijar la desestabilización y el caos.

Guadalajara vivió este domingo una jornada que debería obligarnos a reflexionar seriamente sobre los límites de la confrontación y las responsabilidades de todos. Una movilización que tenía razones suficientes para exigir soluciones a la crisis de calidad del agua terminó en ataques violentos contra instituciones y afectaciones a personas que quedaron atrapadas ante las acciones criminales de provocadores radicales.

Lo anterior derivó en la lógica intervención policial para sofocar la violencia generada por quienes buscan lucrar políticamente con reclamos ciudadanos sustentados en una causa legítima, sin medir el severo riesgo que provocan a la integridad de los propios manifestantes, que no acuden preparados para enfrentar la violencia de porros agitadores, incluso posiblemente contratados para ello, algunos presumiblemente provenientes de distintos lugares del país.

El derecho a manifestarse debe ser respetado y protegido por las autoridades, pero nadie puede invocarlo para justificar actos violentos. Se trata de una libertad democrática que no depende de que el gobierno comparta las exigencias o apruebe las consignas. Cuando miles de personas recorren las calles para exigir algo tan elemental como agua de calidad, las autoridades tienen la obligación de escuchar.

Pero esa libertad tiene una condición inseparable de su legitimidad democrática: debe ejercerse pacíficamente. Una cosa es levantar la voz y otra levantar la mano para golpear. Una cosa es cuestionar a la autoridad y otra intentar resolver mediante la fuerza aquello que corresponde discutir y exigir mediante procedimientos institucionales. La indignación puede explicar la intensidad de una protesta, pero no convierte cualquier conducta en legítima.

Lo ocurrido frente a Casa Jalisco muestra precisamente el peligro de perder esa distinción. La movilización había avanzado desde La Minerva con una participación numerosa y diversa. Entre los asistentes había familias con niños, adultos mayores, estudiantes y ciudadanos preocupados por la calidad del agua que reciben. Sin embargo, al llegar a las inmediaciones de la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, un grupo comenzó a derribar las vallas de protección del inmueble, a pesar de que otros participantes intentaron evitar la confrontación. Posteriormente se registraron agresiones, lanzamiento de objetos y enfrentamientos con elementos policiales que respondieron mediante equipos antimotines, chorros de agua y agentes irritantes. Las circunstancias de cada episodio y la proporcionalidad de la respuesta oficial deben esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Es importante subrayar que la participación de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, del ITESO y de otras instituciones educativas no debe confundirse con las acciones de quienes protagonizaron episodios violentos. La juventud tiene derecho a organizarse y manifestar su inconformidad. Tampoco la presencia de colectivos que defienden otras causas, incluida la situación de Palestina, constituye por sí misma una conducta reprochable. Lo que debe examinarse son las........

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