La corrupción no siempre comienza con un sobre lleno de dinero, una cuenta secreta o un contrato amañado. Muchas veces empieza antes: cuando quien ejerce el poder deja de reconocer límites, confunde lo público con lo propio y se convence de que su popularidad, su ideología o la causa que dice representar le conceden permiso para hacer aquello que condenaría en sus adversarios.

El poder corrupto no pierde la vergüenza de un día para otro. Primero comete una irregularidad y la presenta como excepción; después minimiza el abuso, desacredita a quien lo denuncia y protege a los responsables. Más tarde, convierte la investigación en una supuesta persecución política y moviliza a sus seguidores para impedir cualquier rendición de cuentas. Finalmente, ya no se preocupa por ocultar la indecencia: la exhibe como prueba de autoridad.

Ése es el momento más peligroso. La corrupción deja de ser una conducta vergonzante y se transforma en una forma de gobernar.

Durante mucho tiempo, el escándalo público podía obligar a un funcionario a ofrecer explicaciones, separarse del cargo o, cuando menos, aparentar respeto por las instituciones. Hoy observamos gobernantes que responden a las evidencias con cinismo, insultos, amenazas y propaganda. No niegan necesariamente lo sucedido: pretenden convencer a la sociedad de que no importa, de que todos hacen lo mismo o de que cualquier abuso resulta justificable porque ellos representan al pueblo, a la patria, a la revolución, a la libertad o a algún proyecto supuestamente superior.

Donald Trump constituye uno de los ejemplos más visibles de ese cinismo contemporáneo. Ha hecho de la transgresión una técnica política y de la ausencia de pudor una marca personal. Mezcla constantemente la presidencia con sus negocios, su plataforma mediática, sus intereses familiares y su promoción individual; desacredita a jueces, fiscales, periodistas y adversarios; utiliza el insulto como método de gobierno y presenta cualquier cuestionamiento ético como conspiración de sus enemigos.

Incluso iniciativas recientes relacionadas con su empresa de medios han provocado cuestionamientos porque podrían permitir que determinados inversionistas paguen por recibir anticipadamente mensajes capaces de influir en los mercados, una posibilidad que vuelve a borrar la frontera entre el poder presidencial y el beneficio privado. El problema no se limita a determinar si cada operación viola una norma penal. La pregunta de fondo es si resulta éticamente aceptable que la influencia de un presidente pueda convertirse en un producto comercial del que se beneficie su propia estructura empresarial.

Trump parece haber comprendido que el escándalo puede neutralizarse mediante la saturación: producir tantos conflictos, excesos y provocaciones que la sociedad pierda la capacidad de reaccionar ante cada uno. El abuso deja de sorprender porque inmediatamente es sustituido por otro. La indignación se fatiga, la verdad compite contra una maquinaria de propaganda y el poder termina actuando como si la ausencia de una consecuencia inmediata equivaliera a inocencia.

No todo comportamiento indigno alcanza necesariamente la categoría de delito. Pero el hecho de que todavía no exista una sentencia no convierte una conducta en honorable. La ley establece el límite mínimo de lo permitido; la ética pública exige mucho más.

La corrupción también consiste en utilizar el cargo para favorecer intereses particulares, colocar familiares o incondicionales, proteger aliados, manipular instituciones, ocultar información, presionar a órganos autónomos, perseguir adversarios, mentir deliberadamente y aprovechar recursos públicos para construir una narrativa personal. Puede existir corrupción política aun cuando no aparezca de inmediato una transferencia bancaria que permita acreditar jurídicamente el robo.

El caso venezolano resulta especialmente ilustrativo. Nicolás Maduro gobernó durante años mediante represión, opacidad, control institucional y persecución de la disidencia. Su salida del poder no........

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