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¡Texas declara suyas nueve islas del Río Bravo! La soberanía de México no se decide en un despacho

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01.11.2026

Bastó una declaración de una funcionaria del gobierno de Texas para abrir una nueva controversia territorial en la frontera entre México y Estados Unidos. Nueve islas del río Bravo, que en conjunto suman apenas unas 27 hectáreas, fueron identificadas unilateralmente como propiedad texana, con el propósito declarado de permitir operaciones de vigilancia y seguridad. Pero detrás de esas pequeñas extensiones de tierra se encuentra una cuestión de enorme trascendencia: ¿puede un gobierno estatal estadounidense determinar por su cuenta la situación jurídica de territorios ubicados sobre una frontera internacional y disponer de ellos como si bastara una resolución administrativa para despejar cualquier duda sobre su pertenencia? Lo ocurrido no debe exagerarse hasta convertirlo, sin pruebas suficientes, en una invasión de territorio mexicano; pero tampoco minimizarse como una simple operación burocrática. Están en juego la soberanía, la jurisdicción, el derecho internacional y, sobre todo, el principio de que las fronteras entre países no pueden quedar sujetas a decisiones unilaterales de autoridades locales.

La controversia adquiere especial relevancia en un momento en que las relaciones bilaterales atraviesan tensiones comerciales, migratorias y de seguridad. Donald Trump ha colocado el control fronterizo entre las prioridades de su segundo gobierno, mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, mantiene una política particularmente activa en materia de vigilancia y combate a la migración irregular. En ese contexto, la decisión texana merece examinarse con serenidad, pero también con firmeza, porque la cooperación en materia de seguridad no puede utilizarse para sustituir las reglas jurídicas que determinan dónde termina un país y comienza el otro.

El lunes 26 de octubre, Dawn Buckingham, comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, anunció que su dependencia había identificado nueve islas del río Bravo, con una superficie aproximada de 66 acres, como propiedad perteneciente a ese estado. La determinación surgió después de que autoridades federales estadounidenses solicitaran información sobre 28 islas cuya titularidad no estaba suficientemente esclarecida. Según la funcionaria, una revisión de documentos históricos, registros geográficos y levantamientos topográficos permitió establecer la propiedad texana de nueve de esos terrenos, ubicados en el tramo fronterizo entre Laredo y McAllen.

Buckingham explicó que la medida permitiría al Departamento de Seguridad Pública y al Departamento Militar de Texas ingresar a las islas, vigilarlas y realizar operaciones destinadas a impedir que fueran utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico, el contrabando o el tráfico de personas. Sin embargo, la propia autoridad reconoció que no se había confirmado actividad delictiva en esos nueve lugares, aunque sostuvo que experiencias anteriores demostraban los riesgos de que territorios fluviales fueran aprovechados por grupos criminales.

La justificación de seguridad merece atención, pero no resuelve el problema jurídico. México y Estados Unidos tienen razones legítimas para combatir a las organizaciones delictivas que operan en la frontera y proteger a las comunidades de ambos lados. Sin embargo, la prevención del delito no concede facultades ilimitadas ni autoriza a las autoridades estatales a sustituir los procedimientos internacionales establecidos para determinar límites territoriales. La seguridad constituye una obligación de los gobiernos, pero debe ejercerse dentro de la ley.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México respondió con una precisión fundamental: la frontera internacional entre ambos países no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal estadounidense. Su delimitación está sujeta a tratados internacionales y a los mecanismos bilaterales reconocidos por ambos países. El Tratado de Límites del 23 de noviembre de 1970, vigente desde abril de 1972, establece disposiciones para preservar y determinar los límites internacionales en los ríos Bravo y Colorado. En el caso del Bravo, el límite sigue el centro de su cauce normal, conforme a las reglas aplicables, y esa referencia determina la soberanía de........

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