¡La justicia mexicana vuelve a temblar! Paros, protestas y otra reforma: ¿quién defiende a los ciudadanos?
A poco más de un año de la instalación del nuevo Poder Judicial surgido de la controvertida reforma constitucional, México enfrenta otra sacudida institucional que debería preocuparnos mucho más allá de las disputas entre funcionarios, jueces, sindicatos y dirigentes políticos. Trabajadores judiciales iniciaron paros y protestas en numerosas entidades del país, inconformes con un nuevo mecanismo de evaluación que consideran amenazante para su estabilidad laboral y su carrera profesional. Las autoridades administrativas aseguran que los primeros exámenes serán exclusivamente diagnósticos y no provocarán despidos, mientras el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, llama al diálogo y, simultáneamente, aparece una propuesta para volver a modificar la estructura del Poder Judicial. Y ante semejante panorama surge una pregunta que debería colocarse por encima de todas las demás: ¿quién está pensando en los millones de mexicanos que necesitan justicia, que esperan una sentencia, que reclaman sus derechos, que buscan protección frente a un abuso o que simplemente necesitan que los tribunales funcionen? Porque una reforma judicial puede cambiar nombres, cargos, estructuras, sistemas de elección y mecanismos administrativos, pero si termina produciendo incertidumbre, confrontaciones y retrasos, el problema deja de ser exclusivamente institucional y se convierte en una afectación directa a los ciudadanos.
La crisis estalló este viernes 6 de noviembre, cuando trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron movilizaciones, bloqueos y suspensiones de actividades en distintas sedes de la Ciudad de México y de por lo menos 17 estados. Las protestas estuvieron dirigidas contra el acuerdo del Órgano de Administración Judicial que establece un nuevo procedimiento de evaluación del desempeño para secretarios, actuarios, oficiales judiciales y otros integrantes del personal de carrera. Los inconformes consideran que determinados criterios podrían resultar subjetivos, abrir espacios a decisiones discrecionales y eventualmente afectar su permanencia en los empleos que han desempeñado durante años.
No se trata de una inconformidad menor ni de un desacuerdo que pueda despacharse atribuyendo resistencia al cambio a todos los manifestantes. En los órganos jurisdiccionales trabajan miles de personas que durante años han desarrollado conocimientos especializados, adquirido experiencia en procedimientos complejos y contribuido al funcionamiento cotidiano de juzgados y tribunales. Su actividad no siempre aparece frente a las cámaras ni recibe reconocimiento público, pero resulta indispensable para tramitar expedientes, practicar notificaciones, preparar proyectos, verificar actuaciones y asegurar que los asuntos avancen conforme a las disposiciones legales.
La reforma judicial modificó profundamente la integración y organización de uno de los poderes fundamentales de la República. La elección popular de jueces, magistrados y ministros, así como la creación de nuevos órganos encargados de administrar y disciplinar la actividad judicial, respondió a una propuesta política que prometía transformar una institución cuestionada por su lentitud, sus privilegios y las dificultades de numerosos ciudadanos para acceder a una justicia eficaz. Sus promotores sostuvieron que el nuevo modelo permitiría mayor legitimidad democrática y mecanismos diferentes de responsabilidad. Sus críticos advirtieron riesgos para la independencia judicial, la profesionalización y la estabilidad institucional.
Esas diferencias siguen presentes, pero ahora existe una obligación que no admite evasivas: examinar cómo está funcionando realmente el nuevo sistema. Ninguna reforma debe considerarse exitosa solamente porque haya sido aprobada constitucionalmente, ni fracasada de manera automática porque enfrente resistencias o dificultades de implementación. Su valoración requiere resultados, indicadores confiables, respeto a los derechos y capacidad para corregir lo que no funciona.
El nuevo conflicto surge de la evaluación del personal de carrera judicial, regulada mediante un acuerdo publicado el jueves 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. El mecanismo contempla exámenes de conocimientos y otros elementos de valoración del desempeño. Los trabajadores cuestionan especialmente la intervención de superiores jerárquicos y determinados criterios que, a su juicio, podrían introducir apreciaciones subjetivas en decisiones capaces de afectar sus trayectorias profesionales.
El Órgano de Administración Judicial respondió que las evaluaciones previstas para diciembre tendrán carácter exclusivamente diagnóstico, no implicarán aprobación o reprobación y carecerán de consecuencias individuales sobre la permanencia del personal. Según su explicación, el propósito consiste en identificar necesidades de capacitación, fortalecer conocimientos y mejorar los servicios de impartición de justicia. También aclaró que una evaluación ordinaria con efectos legales se realizaría posteriormente, una vez concluida la capacitación correspondiente.
La aclaración resulta importante, pero también obliga a formular preguntas legítimas. Si el primer ejercicio no tendrá consecuencias laborales, ¿por qué una parte significativa de los trabajadores interpreta que existe una amenaza para sus empleos? ¿La información se comunicó oportunamente y con suficiente claridad? ¿Los criterios fueron discutidos con los representantes del personal? ¿Se establecieron garantías contra posibles arbitrariedades? ¿Existe un procedimiento accesible para revisar errores o inconformidades? ¿Cómo se evitará que la evaluación del desempeño se convierta en un mecanismo de presión entre quienes trabajan en un mismo órgano jurisdiccional?
No basta con anunciar que una medida será diagnóstica cuando sus destinatarios manifiestan dudas razonables sobre las etapas posteriores. Es indispensable que las reglas completas sean transparentes, que las consecuencias de cada fase estén expresamente definidas y que existan procedimientos claros para impedir decisiones arbitrarias.
Como abogado, considero que la evaluación profesional no solamente es legítima, sino necesaria. La función jurisdiccional exige conocimientos actualizados, capacidad técnica, imparcialidad, responsabilidad y disposición permanente a mejorar. Ningún servidor público........
