¡Asesinan mujeres y el Senado negligente sigue sin aprobar la ley contra el feminicidio!
¡Las mujeres no pueden seguir esperando a que los políticos terminen de ponerse de acuerdo para proteger sus vidas! Mientras una mujer amenazada busca desesperadamente ayuda, una madre exige que se investigue la desaparición de su hija y una familia llora otro feminicidio, el Senado de la República continúa sin concluir una discusión que debería ocupar uno de los primeros lugares de la agenda nacional: cómo prevenir, investigar y sancionar eficazmente los asesinatos de mujeres por razones de género.
La iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum desde julio pasado sigue atrapada entre revisiones jurídicas, diferencias sobre las penas y negociaciones legislativas que podrían impedir su aprobación antes del 15 de diciembre. ¡Qué brutal contradicción! Para anunciar castigos de hasta setenta años de prisión sobran discursos; para garantizar que una mujer amenazada llegue viva al día siguiente, demasiadas veces faltan instituciones capaces de actuar. Y ésa es la tragedia que ningún senador, funcionario o gobernante debería olvidar: la vida de una mujer vale infinitamente más que la comodidad política de quienes todavía no consiguen ponerse de acuerdo.
La información publicada este domingo 15 de noviembre por La Jornada revela que el proyecto continúa bajo análisis de las comisiones senatoriales y que las conversaciones con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres todavía no han permitido alcanzar los acuerdos necesarios. La senadora Martha Lucía Mícher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, explicó que se revisan cuidadosamente el tipo penal y las sanciones propuestas, mientras Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, reconoció que la reforma contiene avances importantes, pero también aspectos que deben perfeccionarse. Ninguno garantizó que el dictamen pueda concluirse durante el actual periodo ordinario. Y mientras los legisladores buscan resolver sus diferencias, las mujeres que viven bajo amenazas no tienen la posibilidad de suspender los riesgos hasta que el Congreso encuentre una fórmula satisfactoria.
La propuesta presidencial plantea expedir una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Entre sus objetivos destacan homologar los elementos esenciales del delito en todo el país, establecer obligaciones de coordinación entre autoridades federales y estatales, fortalecer las investigaciones especializadas y reconocer los derechos de las víctimas directas e indirectas. También propone penas de entre cincuenta y setenta años de prisión, mecanismos de protección y medidas de reparación integral. Se trata de un proyecto ambicioso que merece una discusión jurídica rigurosa, pero cuya importancia no debería medirse exclusivamente por la severidad de los castigos anunciados. Porque la justicia no consiste en acumular años de prisión sobre el papel, sino en proteger vidas, investigar delitos y sancionar responsabilidades legalmente acreditadas.
Existe una dificultad jurídica que no puede ignorarse. Actualmente las legislaciones estatales contienen diferencias en la definición del feminicidio, sus circunstancias agravantes y las sanciones aplicables. Mientras la iniciativa propone una pena nacional de cincuenta a setenta años, en algunas entidades existen disposiciones que permiten alcanzar castigos de hasta cien años de prisión. La diferencia plantea problemas legítimos de técnica legislativa, proporcionalidad y armonización normativa.
¿Cómo establecer reglas comunes sin generar contradicciones, disminuir injustificadamente determinadas protecciones o complicar la actuación de fiscalías y tribunales? Son preguntas que exigen respuestas serias, no improvisaciones. Pero tampoco justifican que una discusión indispensable se prolongue indefinidamente mientras las autoridades continúan enfrentando problemas para prevenir, investigar y sancionar la violencia feminicida.
No se trata de competir para demostrar qué legislador propone la condena más severa. Una pena extraordinariamente elevada puede expresar la gravedad social de un delito, pero su eficacia depende de que exista una investigación adecuada, se identifique a los responsables, se obtengan pruebas suficientes y se dicten sentencias jurídicamente sustentadas. De poco sirve anunciar setenta, ochenta o cien años de cárcel cuando los expedientes permanecen inconclusos, las pruebas se pierden, los procedimientos se debilitan por errores de investigación o los familiares nunca consiguen conocer la verdad. Una condena ejemplar requiere primero una investigación ejemplar. Y la mayor tragedia institucional consiste en que una mujer sea asesinada después de haber denunciado amenazas que pudieron motivar medidas oportunas de protección.
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa consiste en establecer que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género y conforme a protocolos especializados. Esto no significa clasificar definitivamente........
