La austeridad y sus límites: entre la justicia republicana y la gobernabilidad
LA POLÍTICA ES DE BRONCE
En política, como en la historia, las decisiones más populares suelen ser también las más peligrosas cuando se ejecutan sin matices. La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de reducir los ingresos de los diputados locales y disminuir el número de regidores en los municipios encaja perfectamente en el imaginario colectivo de una ciudadanía harta de los excesos del poder. Es, sin duda, una bandera políticamente rentable: menos privilegios, más recursos para programas sociales. ¿Quién podría oponerse a ello?
Sin embargo, el debate de fondo no es si deben reducirse los privilegios —eso es incuestionable—, sino cómo hacerlo sin comprometer la funcionalidad del sistema político mexicano. Porque una cosa es combatir los abusos, y otra muy distinta es debilitar las instituciones bajo la lógica de la austeridad sin diseño.
Durante décadas, los congresos locales y los cabildos se convirtieron en espacios donde, en muchos casos, los recursos públicos fueron utilizados como botín político. Dietas desproporcionadas, estructuras infladas y una distancia creciente entre representantes y representados alimentaron una percepción legítima de abuso. Corregir esta distorsión no solo es necesario, sino urgente.
Pero la solución no puede ser homogénea en un país profundamente desigual y diverso como México. Reducir los ingresos de los diputados locales exige un criterio de proporcionalidad que reconozca las diferencias territoriales. No es lo mismo representar un distrito en Colima que en el Estado de México o en Nuevo León. La extensión geográfica, la densidad poblacional y las condiciones de accesibilidad determinan el costo real del ejercicio legislativo. Pretender aplicar una regla uniforme bajo el principio de “a trabajo igual, salario igual” puede derivar en una paradoja: legisladores con responsabilidades similares, pero con capacidades materiales muy distintas para cumplirlas.
El reto, por tanto, radica en encontrar la justa medianía: eliminar los excesos sin precarizar la función pública. Porque un legislador sin recursos suficientes no se vuelve más honesto, se vuelve más vulnerable. Y en política, la vulnerabilidad suele ser terreno fértil para la captura por intereses externos.
El caso de los regidores es aún más delicado. Disminuir su número no es una medida meramente administrativa; es una decisión profundamente política. Los cabildos no solo gestionan recursos, sino que representan equilibrios de poder, pluralidad y gobernabilidad. Reducir regidurías implica alterar esos equilibrios, muchas veces sin considerar las realidades locales.
En municipios con alta densidad poblacional o complejidad política, los regidores cumplen una función de representación que difícilmente puede comprimirse sin costos. Menos regidores pueden significar menos voces, menor pluralidad y, en el peor de los casos, una concentración del poder en las presidencias municipales.
Además, cualquier intento de rediseñar los cabildos debe respetar dos principios fundamentales del pacto federal: el federalismo y el municipio libre. Imponer desde el centro una reducción uniforme del número de regidores no solo sería un error técnico, sino una regresión política. Cada entidad federativa tiene su propia historia, su propia configuración institucional y sus propios acuerdos de gobernabilidad.
La propuesta, en esencia, apunta en la dirección correcta: acabar con los privilegios y reasignar recursos hacia quienes más lo necesitan. Pero si se ejecuta sin sensibilidad política, puede generar efectos contraproducentes: debilitamiento institucional, pérdida de representatividad y tensiones en la gobernabilidad local.
La austeridad republicana no puede convertirse en un dogma que ignore la complejidad del Estado mexicano. Gobernar no es solo recortar, es diseñar. Y en ese diseño, la justicia social debe caminar de la mano con la viabilidad política. Porque de lo contrario, lo que hoy se presenta como una reforma popular, mañana podría convertirse en un problema estructural. Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.
