México enfrenta una crisis real de desapariciones. Nadie con seriedad puede cuestionar la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda. Lo que sí debe cuestionarse —y con rigor— es cómo se está trasladando esa responsabilidad al sector privado, particularmente al sistema financiero no bancario.

La Plataforma Única de Identidad (PUI), impulsada por la Secretaría de Gobernación y formalizada mediante lineamientos publicados en el DOF el 27 de noviembre de 2025, obliga a entidades públicas y privadas a interconectarse tecnológicamente mediante APIs para responder consultas de identidad vinculadas a personas desaparecidas.

El concepto suena técnico. El impacto es económico, operativo y estructural.

¿Qué es una API y por qué hoy es una carga?

Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un canal de comunicación entre sistemas. Permite que una plataforma —en este caso la del gobierno— envíe consultas y reciba respuestas automatizadas desde sistemas privados.

En la PUI, esto implica:

→ Desarrollo o integración tecnológica.

→ Disponibilidad 24/7.

→ Protocolos de seguridad (tokens, cifrado).

→ Bitácoras auditables.

→ Respuesta........

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