La crisis del Poder Judicial en México ya no puede analizarse solo desde una óptica jurídica. Hoy es, de manera clara y directa, un problema económico estructural. La falta de certeza jurídica, la dilación sistemática en la ejecución de sentencias y la impunidad generalizada impactan de forma directa la inversión, el patrimonio de las familias —en especial de adultos mayores—, la viabilidad del pequeño y mediano comercio y, cada vez con mayor claridad, la confianza en el T-MEC como motor de crecimiento.

El problema no es la ausencia de leyes. El problema es quién las aplica, cómo las aplica y con qué consecuencias.

En el sistema judicial mexicano hoy conviven dos perfiles problemáticos que, aunque opuestos en apariencia, generan el mismo daño.

a) Jueces inexpertos

Producto de integraciones aceleradas o afinidades políticas y de una carrera judicial debilitada, estos juzgadores suelen incurrir en:

– Resoluciones contradictorias.

– Formalismo excesivo para evitar el fondo.

– Delegación real del juzgado al secretario de acuerdos.

– Confusión entre prudencia y parálisis decisoria.

– El expediente se mueve, pero la sentencia no se ejecuta.

b) Jueces con muchos años, desactualizados y poco motivados

En el extremo opuesto, jueces con décadas en el cargo que operan bajo:

– Rutina y criterios rígidos.

– Resistencia a precedentes, tecnología y oralidad real.

– Normalización de la dilación como “carga de trabajo”.

– Ausencia total de incentivos o consecuencias.

No es un problema de edad, sino de falta de evaluación y responsabilidad institucional.

El elemento más corrosivo del........

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