¿Qué tiene que pasar para que una autoridad actúe? ¿Hasta dónde tiene que deteriorarse la salud mental de un niño para que el “interés superior de la niñez” deje de ser una frase repetida en expedientes y se convierta en protección real? ¿Tenemos que esperar otra tragedia para revisar qué está ocurriendo dentro de los juzgados familiares?

En el expediente 2170/2023, radicado en el Juzgado Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México, cinco especialistas de la Subdirección de Evaluación e Intervención Psicológica del propio Tribunal evaluaron a los cinco hijos de Maha Schekaiban. Sus informes documentan un cuadro conjunto de deterioro emocional: ansiedad, miedo, tristeza, desesperanza, vulnerabilidad, conflictos de lealtades y necesidad de atención terapéutica. En uno de los casos se recomendó valoración psiquiátrica ante el posible agravamiento y el riesgo para la seguridad e integridad de la menor; en otro se registraron vulnerabilidades relacionadas con autolesiones, ideación suicida y otras conductas de riesgo.

CECOFAM documentó además interferencia parental grave y obstáculos para la revinculación materno-filial. Las especialistas recomendaron terapia individual e independiente para los cinco menores. Los antecedentes aportados al expediente indican que desde octubre de 2025 existían instrucciones para conseguir esos tratamientos y que el 2 de diciembre se ordenó una canalización institucional; se ha denunciado que el oficio necesario para materializarla no fue entregado. El 20 de febrero de 2026 las alertas y solicitudes fueron formalmente planteadas nuevamente ante el Juzgado Quinto.

Esto ya no puede presentarse como una pelea entre dos adultos. Cuando los propios especialistas del Poder Judicial advierten riesgo, el juzgado debe poder responder algo elemental: qué hizo, cuándo lo hizo, cómo verificó que se cumpliera y qué consecuencias hubo ante los incumplimientos. La actuación de la jueza Araceli Cortés Eslava forma parte de la queja administrativa TDJCDMX/Q.-940/2026. Corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial investigar y determinar responsabilidades; una denuncia, por sí sola, no acredita culpabilidad.

Pero el problema no comenzó con Araceli Cortés. El mismo Juzgado Quinto estuvo encabezado por Juan Miguel Morales Monter. Fue Morales Monter quien, el 20 de febrero de 2024, revirtió en el caso de Maha Schekaiban una determinación previa de custodia y entregó los cinco menores a Bernardo Vogel, exesposo de Schekaiban y padre de sus cinco hijos, según ha relatado públicamente ella. Desde entonces, Bernardo Vogel mantiene la custodia de los menores. Schekaiban sostiene que la decisión ocurrió después de un operativo y de la apertura de carpetas que considera fabricadas, y ha denunciado públicamente presuntas irregularidades y colusión.

Excélsior, La Jornada y Eme Equis documentaron posteriormente esos señalamientos contra Morales Monter y los de otras madres. Son acusaciones que deben ser investigadas, no hechos de corrupción judicialmente acreditados.

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