La Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelve a colocarse en el centro del debate público. No por tecnicismos abstractos, sino por decisiones que, de concretarse, impactan de manera directa la vida cotidiana, la certeza jurídica y el equilibrio de poder en un país donde la legalidad convive aún con prácticas discrecionales. Tres asuntos concentran la atención esta semana.

Desde la ponencia de la ministra María Estela Ríos se plantea un proyecto que propone validar que las fiscalías puedan asegurar y retener bienes, cuentas y valores relacionados con una investigación penal sin autorización judicial previa. La medida, presentada como una herramienta de eficacia contra el delito, abre un boquete mayúsculo a la certeza jurídica.

Enlistado para su discusión este lunes, el cambio permitiría a las fiscalías brincar el control de los jueces para asegurar toda clase de bienes relacionados o derivados de un delito.

La objeción no es menor: incluso la ministra Yasmín Esquivel ha advertido el riesgo que esto implica. Particularmente, en entidades donde las fiscalías han sido utilizadas con fines políticos. En México, la autonomía ministerial es más una aspiración normativa que una realidad uniforme. Basta recordar el caso de Uriel Carmona en Morelos, el amago contra Samuel García durante su aspiración presidencial o el bloqueo político que enfrentó Adrián de la Garza en Nuevo León cuando su cercanía o lejanía con el gobernador definió su viabilidad como fiscal, más que cualquier veto formal.

Los datos acompañan la preocupación. De acuerdo con cifras nacionales, más del 90% de los delitos en México no se resuelven y una........

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