Tipificar una conducta como delito tan solo sirve para erradicar comportamientos violentos en países donde la ley se aplica correctamente y en los que el aparato de justicia tiene la capacidad de perseguir el crimen, individualizar conductas y sostener acusaciones que ganen juicios. Todo ese camino suele ser tormento para las víctimas: probar, probar y probar.

En delitos digitales, ni siquiera hay certezas. Tras dispositivos y sus direcciones únicas siempre hay argumentos hábiles: la complejidad de probar que una persona estaba manejando ese dispositivo y no otra; que la difusión o creación de contenido falso fue realizada por usuarios identificables y no por “bots”; que no hubo manipulación posterior. La trazabilidad técnica se convierte en campo de batalla y la víctima en perito forense improvisado.

Gran Bretaña podría mostrarle al mundo cómo facilitar el camino.

Hace un par de días, el gobierno de ese país anunció que trabajará con Microsoft (MSFT.O), académicos y expertos para desarrollar un sistema que permita detectar material deepfake en línea, en el marco de sus esfuerzos por establecer estándares para abordar el contenido dañino y engañoso generado por inteligencia artificial.

Si bien el material manipulado ha circulado en internet durante décadas, la rápida adopción de chatbots de IA generativa........

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