Los juicios paralelos no ayudan al Estado de derecho. Nunca lo han hecho. Cabe aclararlo, porque la expresión se presta al equívoco. Juicio paralelo no es periodismo. El escrutinio de la prensa es indispensable y ha servido para exhibir expedientes armados a modo. Eso no está en discusión.

Lo que erosiona al Estado de derecho es otra cosa: la sustitución del veredicto. La atribución anticipada de culpa o de inocencia por quienes no están en el proceso, no valoran prueba y no responden por el resultado. Se forma sin contradicción y sin garantías. Y llega primero.

El caso de Ernesto Ruffo Appel es ejemplo de la necesidad de recuperar la prudencia.

El 16 de julio la Fiscalía General de la República lo detuvo en Ensenada por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Sostiene que una red ligada a una empresa suya declaraba el diez por ciento del combustible que introducía, con un daño al erario superior a cuatro mil millones de pesos. La jueza dictó prisión preventiva, que en delincuencia organizada opera de oficio por el artículo 19 constitucional.

Ninguna de esas resoluciones es una sentencia. Decirlo no las minimiza: son decisiones sujetas a su propio estándar, el que la discusión pública ignora. Y que Ruffo fuera el primer gobernador de oposición del país no tiene relevancia jurídica. No lo protege ni lo agrava.

Al día siguiente, desde la mañanera de Tulum, la presidenta negó la persecución política y recordó que sus críticos de hoy acusaron antes a Ruffo de cosas peores. Nada de eso es cuestionable en el terreno político. El punto es otro: quién debe hablar. Veamos.

Primero. El Estado constitucional descansa en una premisa. Cada institución responde por lo que la Constitución le encomienda. La presidenta conduce al Ejecutivo. La Fiscalía ejerce la acción penal con la autonomía del artículo 102, apartado A, constitucional. Los jueces resuelven. No es una formalidad: es lo que permite que........

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