Cada legislatura en Colombia repite un mismo patrón que merece una reflexión serena antes que indignada. Centenares de proyectos son radicados al inicio de cada periodo, muchos de ellos con genuina vocación de resolver problemas históricos, y sin embargo la inmensa mayoría no supera el primer debate en comisión. No se trata de un fracaso moral del Congreso ni de mala fe de quienes legislan, sino de un desajuste estructural entre lo que el sistema incentiva y lo que el país efectivamente necesita.

El fenómeno no es una percepción caprichosa ni un lugar común de columnista desencantado. Un análisis reciente sobre el desempeño del Congreso durante el cuatrienio 2022-2026, elaborado a partir de más de 8.000 gacetas legislativas, permite cuantificar esta tendencia con precisión. En el primer año se radicaron 644 proyectos y se sancionaron 117 leyes, una tasa de éxito cercana al 18 %. Al año siguiente, la proporción fue similar, con 116 normas aprobadas de 665 iniciativas presentadas. En el tramo más reciente del cuatrienio, sin embargo, la radicación alcanzó un récord de 907 proyectos, mientras que solo cien llegaron a convertirse en ley, y la tasa de éxito de las iniciativas de origen parlamentario descendió hasta apenas el 1,4 %. La radicación creció, la producción normativa efectiva se redujo. Esa brecha, más que un dato curioso, es la manifestación estadística del problema que aquí se examina.

Entre julio de 2019 y junio de 2020, otro análisis sobre la actividad legislativa había encontrado un patrón similar, con 69 nuevas normas aprobadas en ese lapso de doce meses frente a 362 proyectos radicados en ese mismo periodo, lo que equivalía aproximadamente a una ley cada cinco días. Ya entonces un profesor de derecho señalaba con acierto un vicio de diseño institucional que sigue vigente: el de medir el desempeño parlamentario por el número de iniciativas presentadas y no por la eficacia de las que efectivamente se convierten en norma aplicable. Ese incentivo, aunque comprensible desde la lógica electoral de cada congresista, termina siendo contrario al interés general, porque privilegia lo que resulta fácil de contar frente a lo que en realidad importa medir, que es el efecto de una ley sobre la vida de los ciudadanos.

El resultado, con el tiempo, es un ordenamiento jurídico saturado........

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