En Colombia, la justicia no puede convertirse en un instrumento de oportunidad política. Una denuncia no adquiere mayor credibilidad porque aparezca en una entrevista, sacuda al país o comprometa a una figura poderosa. Su valor depende de las pruebas, de la coherencia de los hechos y de la posibilidad de verificarlos. Por eso, las declaraciones de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer exigen algo más que titulares y reacciones políticas. Exigen establecer qué ocurrió, qué sabía cada involucrado y por qué una información que, según Ferrer, se remonta a 2023 llega ahora al centro del debate público. Esa cronología merece una explicación, no para descalificar a quien denuncia, sino para someter su relato al mismo rigor que debe aplicarse a cualquier señalamiento. En un Estado social de derecho no se condena por conveniencia, no se exonera por poder y no se reemplaza la prueba por el ruido. La ley se aplica con hechos, no con oportunidades políticas.

El país no puede seguir confundiendo una denuncia con una sentencia. Ferrer ha mencionado hechos de enorme gravedad, entre ellos una supuesta entrada de 2,5 millones de dólares provenientes de Venezuela, información que, según su propio relato, conoció por medio de un tercero. Una afirmación de esa magnitud exige determinar quién habría entregado el dinero, cuándo habría ocurrido la operación y qué documentos o testimonios permiten comprobarla. No basta con repetir una versión para darle apariencia de certeza. Si existen pruebas, deben ponerse a disposición de las autoridades. Si todavía no las hay, corresponde establecer qué información puede verificarse y qué parte del relato sigue siendo una hipótesis. Esa es la diferencia entre alimentar un escándalo y contribuir al esclarecimiento de posibles delitos.

También hay una cuestión que no puede despacharse como un detalle menor. Ferrer rompió con Alcocer en 2023 y, según la información conocida sobre la controversia, reclama más de 640 millones de pesos por servicios profesionales que afirma haber prestado y no haber recibido el pago correspondiente. Esos hechos no invalidan sus declaraciones, pero tampoco deben........

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