La liquidación del Ministerio de la Igualdad no representa el fracaso de la igualdad como principio constitucional. Lo que fracasa es una forma de hacer política que confunde la creación de burocracia con la solución de los problemas sociales. La igualdad nunca necesitó un nuevo ministerio: necesitaba un Estado eficiente, instituciones fuertes y políticas públicas capaces de transformar la vida de los colombianos.

Desde el primer día, sostuve que este ministerio había nacido muerto. No porque la causa que decía defender careciera de importancia, sino porque su creación respondió más a un compromiso político e ideológico que a una verdadera necesidad administrativa. Nunca quedó claramente definido qué funciones ejercería que no estuvieran ya asignadas al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio del Interior, al ICBF, al Departamento para la Prosperidad Social o a otras entidades del Estado. En lugar de fortalecer la coordinación institucional, se creó una nueva estructura con competencias difusas, duplicidad de funciones y un enorme costo para los contribuyentes.

Crear un ministerio nunca es gratuito. Significa comprometer recursos públicos en infraestructura, tecnología, sedes, vehículos, sistemas de información, contratación, nómina, comunicaciones y funcionamiento permanente. Para 2024, el Ministerio de la Igualdad contó con un presupuesto cercano a 1,8 billones, una cifra que por sí sola refleja la magnitud de la apuesta del Gobierno. Sin embargo, durante buena parte de ese año fue objeto de fuertes cuestionamientos por registrar una ejecución cercana al 2,4 % de esos recursos.

No se trata simplemente de dinero que quedó sin gastar. Cuando una apropiación no se ejecuta, esos recursos no desaparecen ni quedan a libre disposición de la entidad.........

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