Imagine por un momento que usted es el comandante de una estructura narcoterrorista escondida en la selva colombiana. Sabe que la Fuerza Pública lo busca. Desde su campamento ordena homicidios, extorsiones, mueve cargamentos de cocaína y planea ataques. También sabe que puede convertirse en objetivo de una operación militar. Pero ahora tiene una información adicional. Si hay menores reclutados en ese lugar y existe información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre su presencia, una decisión judicial puede frenar una operación aérea mientras se cumplen las condiciones impuestas por el juzgado.

La pregunta es brutal. ¿En qué momento proteger a nuestros niños terminó significando proteger también al narcoterrorista que los recluta, los arma y los utiliza como escudo frente al Estado? Ese es el debate que Colombia debería estar dando. Un menor reclutado es una víctima. Lo era antes de recibir un fusil, antes de vestir un camuflado y mucho antes de que una bomba pudiera caer sobre el lugar donde sus captores decidieron mantenerlo. Lo inadmisible es empezar a contar la historia cuando despega el avión y borrar todo lo que ocurrió antes. Porque antes de la bomba estuvo el reclutador. Alguien llegó hasta ese niño, lo engañó, lo amenazó, aprovechó su pobreza y vulnerabilidad, lo separó de su familia, lo entrenó y le entregó un arma. Alguien decidió convertir su infancia en material de guerra. Ese alguien no fue la Fuerza Pública.

Pero vamos a los datos, con unas cifras que son una vergüenza nacional. Human Rights Watch documentó alrededor de 1.500 niños, niñas y adolescentes reclutados desde 2021 y un fuerte incremento de los registros desde 2023; es decir, el fenómeno se agravó en el nefasto gobierno de Gustavo Petro. Más del 30 por ciento de los menores documentados tenían entre 10 y 14 años. Los indígenas representan casi la mitad de los casos registrados. Y la realidad puede ser todavía peor porque existe un enorme subregistro. Hay padres que callan porque denunciar puede significar perder al hijo que todavía tienen en casa y comunidades enteras sometidas a los fusiles de quienes se llevan a sus muchachos.

¿Quiénes se los están llevando? Las disidencias narcoterroristas de las FARC encabezan los registros, seguidas por el ELN y el Clan del Golfo, entre otras estructuras criminales que continúan reclutando menores. Los utilizan para combatir, vigilar, transportar, obtener información y controlar comunidades. También los buscan por redes sociales, les prometen dinero y les ofrecen trabajos que no existen. Detrás de cada cifra hay un niño que debería estar pensando en una tarea, jugando fútbol, enamorándose por primera vez o regresando del colegio, pero que terminó aprendiendo a obedecer las órdenes de un criminal armado. Ese debería ser el verdadero escándalo nacional.

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