Lo que está ocurriendo con los Decretos 0019 y 0020 del 15 de enero de 2026 no es una reforma administrativa ni un ajuste técnico del Estado. Es una decisión de poder y una maniobra de vigilancia. Una que redefine quién controla la seguridad en Colombia, quién maneja la información sensible y en qué momento se hace. Y el momento no es neutro.

Leídos en conjunto, estos decretos dibujan un escenario preocupante. Se elimina la tercerización, se absorbe la seguridad privada especializada y se concentra en el Estado la protección y la información más íntima de miles de personas. Magistrados, jueces, congresistas, periodistas, empresarios, candidatos, líderes gremiales y funcionarios públicos quedan bajo una misma estructura. No porque confíen en el poder, sino porque el riesgo los obliga a estar protegidos.

El Decreto 0019 reorganiza la Unidad Nacional de Protección y centraliza funciones clave. El manejo de la información sensible queda en manos de áreas de tecnología, ciberseguridad y comunicaciones. Rutinas, desplazamientos, reuniones, contactos, evaluaciones de riesgo y contextos personales y políticos pasan a un solo circuito. Esa información no es neutra. Nunca lo ha sido. Es poder. Y aquí no existen muros reales que separen ese poder del gobierno de........

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