Hay ciertos momentos en que una sociedad revela, sin quererlo, el estado real de su cultura jurídica. No en los tribunales, no en las universidades, sino en la plaza pública, en el fragor del debate electoral, cuando la indignación se disfraza de argumento y el prejuicio de principio. Uno de esos momentos está ocurriendo justo ahora. Se está cuestionando la idoneidad moral de un candidato presidencial por haber ejercido, durante años, la defensa penal de personas acusadas o condenadas por delitos graves: estafa, paramilitarismo, corrupción. El argumento parece simple… Quien ha defendido a semejante clase de individuos no puede pretender gobernar porque le falta autoridad moral. Suena convincente, pero es profundamente equivocado y peligrosamente regresivo. Porque la acusación descansa sobre una confusión que no es inocente. Confunde al médico con la enfermedad, al bombero con el incendio, al abogado defensor con el delito atribuido a quien defiende. Y esa confusión, instalada en el corazón del debate público, no es solo un error intelectual. Es una amenaza letal al Estado de derecho.

Conviene recordar, entonces, lo que parece haberse olvidado. El abogado penalista no es juez. Tampoco fiscal. No está llamado a condenar, ni a absolver, ni a pronunciarse sobre la culpa o la inocencia de nadie. Su función —austera, técnica y a menudo ingrata— es otra y es mucho más profunda: garantizar que cualquier decisión del........

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