Colombia enfrenta una expansión criminal que amenaza la seguridad ciudadana. Narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestro y lavado de activos sostienen organizaciones que desafían abiertamente al Estado y someten a millones de colombianos.

Frente a semejante amenaza, necesitamos instituciones fuertes. Y pocas son tan importantes como la Fiscalía General de la Nación.

Por eso son tan graves las revelaciones de Lucy Laborde, la fiscal que tuvo en sus manos el proceso contra Nicolás Petro.

Laborde sostiene que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, intervino en reuniones en las que se discutió retirar el delito de lavado de activos y mantener solamente el enriquecimiento ilícito. La Fiscalía ha negado que existieran presiones y sostiene que se estudiaban alternativas jurídicas planteadas dentro del proceso.

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