El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, le dijo al Congreso que el Gobierno va a dejar de decir “campesino”. De ahora en adelante serán “pequeños empresarios del campo”, porque la primera palabra, según él, es despectiva.

Entiendo lo que busca el ministro y lo aplaudo, que quien trabaja la tierra deje de ser visto como alguien condenado a la subsistencia y empiece a ser reconocido como alguien capaz de producir, crecer y hacer empresa. En eso, podemos estar de acuerdo. El problema es que para dignificar al campesino no hace falta dejar de llamarlo campesino.

Creo que ahí hay un malentendido que vale la pena aclarar, porque el propio ordenamiento jurídico colombiano dice algo muy distinto.

“Campesino” viene de “campo”. Es como la palabra “urbano” para quien vive en la ciudad y nadie piensa que ese término sea ofensivo. Lo que hace que una palabra cargue un estigma no es la palabra en sí, sino el trato histórico que ha recibido quien la lleva encima. Y si “campesino” fuera realmente una palabra despectiva, no tendría sentido que la Constitución la escogiera, entre todas las posibles, como el nombre oficial de una categoría de sujetos con derechos reforzados. El Acto Legislativo 01 de 2023 modificó el artículo 64 para establecer que el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, con un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, y agrega que los campesinos y las campesinas son libres e iguales a todas las demás poblaciones y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación fundada en su situación económica, social, cultural o política. Un Congreso no construye una norma de dignidad alrededor de una palabra que considera insultante. La........

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