En las últimas semanas se ha suscitado una necesaria discusión sobre la reforma a la justicia penal. Es un hecho que, ante las barreras que los ciudadanos encuentran para acceder al sistema, se requieren soluciones que contribuyan a agilizarlo. De ahí que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, hayan puesto en la agenda pública propuestas para transformar la figura del juez de conocimiento y la audiencia de formulación de imputación.

Las propuestas son interesantes y merecen un análisis minucioso. Sin embargo, me atrevo a plantear otra reforma, esta vez dirigida al funcionamiento interno de la Fiscalía General de la Nación. Lo hago con el mayor respeto y después de haber trabajado cinco años como fiscal en esa entidad, con todo lo que ello implica.

Cuando ingresé a la Fiscalía, existía una división de tareas. Unos fiscales investigaban y otros iban a juicio. Los primeros recibían la noticia criminal, dirigían la investigación, formulaban imputación y presentaban el escrito de acusación. A partir de ese momento, el caso pasaba a un fiscal de juicio, encargado de las audiencias de acusación, preparatoria y juicio oral.

El modelo tenía detractores. Se cuestionaba que los fiscales de indagación no respondieran por los casos en juicio, lo que, según sus críticos, fomentaba investigaciones débiles y sin rigor. Algo de razón había. Entiendo que en la Corte Suprema existían........

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