El principio de presunción de inocencia de las personas a las que se reprocha la comisión de conductas delictuales debe ser respetado. Sin embargo, al margen de esta cuestión jurídica, la existencia de numerosos episodios de apariencia punible, ocurridos en el ámbito estatal, causa amplio rechazo, actitud que tiene justificación plena cuando los hechos que los demuestran han sido profusamente documentados ante la Justicia, o divulgados, luego de indagaciones rigurosas, por los medios de comunicación. El escándalo se hace mayor cuando esas actividades de apariencia delictiva afectan cuantiosos recursos públicos, y las personas señaladas gozan de protección desde la cúpula del poder.

Se tiene la impresión de que para ayudarles a eludir sus responsabilidades, son trasladados de unos cargos dotados de fuero, o al revés, a posiciones en las que carecen de esa condición. Llama la atención la multiplicidad de las capacidades de los integrantes de ese selecto grupo: tienen que ser buenísimos para moverse de una posición a la siguiente con la fluidez de los peces en el agua. El ciudadano del común, en principio, concluye que esas acrobacias buscan perturbar investigaciones en curso, y que el retardo procesal resultante genera una protección para quien las dispensa: que paga por el silencio sobre algo que no conviene que se sepa.

Sorprende a la gente sin malicia que las severas incriminaciones sean descartadas como venganzas personales, como si quien se venga no tuviera muchas veces motivos para vengarse, y como si la consecuencia de esas acusaciones no fuera aceptar, como ha sucedido, responsabilidades muy onerosas. Ese es el fundamento del “principio de........

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