Recuerdo bien que si había un tema que obsesionaba a Germán Vargas Lleras, no solo dentro de lo que fue su propuesta de campaña a la Presidencia, sino en cualquier intervención donde coincidía con empresarios, era el impuesto al patrimonio. Se los decía con total claridad y lo repetía hasta el cansancio en cada escenario. El impuesto al patrimonio nunca representó justicia social, sino que constituyó un empujón directo y la disculpa perfecta para que los inversionistas abandonaran el territorio nacional. Se trataba de un gravamen antitécnico y claramente confiscatorio que no cobraba sobre los ingresos o la riqueza que se generaba en el presente, sino sobre lo que ya se había construido con años de sudor, riesgo y trabajo acumulado.

Vargas advertía de forma insistente que, si se continuaba por ese camino, los colombianos con grandes patrimonios se verían obligados a renunciar a su residencia fiscal. El tiempo le dio la razón: las estadísticas señalan que más de 65.000 colombianos han cambiado su domicilio tributario en los últimos años.

En el segmento de más altos ingresos, el impacto fue directo. Entre 2021 y 2024, el número de contribuyentes con patrimonios superiores a 11.000 millones de pesos cayó un 28 %, lo que significó la salida de 1.257 declarantes de este rango (817 en una primera etapa y 440 después). La dimensión del desplome se evidencia al comparar el histórico general: mientras que en 2006 existían más de 4.200 personas naturales pagando el impuesto........

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