Tras las elecciones del 8 de marzo, el panorama para la presidencia y vicepresidencia de Colombia ha comenzado a definirse. El pasado 13 de marzo, los candidatos formalizaron sus fórmulas vicepresidenciales, dejando sorpresas en el tablero político.

Uno de los casos más llamativos es el de Iván Cepeda. Contra la lógica de sus aliados tradicionales, como Roy Barreras o Armando Benedetti, figuras clave del “progresismo del cambio” que llevó a Gustavo Petro al poder, Cepeda optó por la líder indígena Aida Quilcué. Esta decisión marca una distancia frente a la estrategia que resultó ganadora en el pasado.

Es pertinente recordar que Petro, tras varios intentos fallidos por renegar de la política tradicional, entendió que para llegar a la Casa Nariño debía pactar con ella. Aunque incluyó a Francia Márquez para captar el voto de los movimientos sociales, fue esa alianza con la clase política la que determinó su victoria frente al ingeniero Hernández en segunda vuelta.

Hoy, el sector alineado con Gustavo Petro parece haber abandonado la alianza pragmática con el “progresismo”, aquella amalgama de izquierda y política tradicional que lo llevó al poder, para tomar un rumbo que podría costarle caro: la apuesta por el voto identitario indígena. Esta táctica no es nueva; emula la hoja de ruta de figuras como Chávez, Maduro y Evo Morales, quienes utilizaron a los pueblos originarios para consolidar sus proyectos ideológicos.

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Los antecedentes en la región son dicientes. En Venezuela, Hugo Chávez se presentó como el gran redentor indígena, otorgándoles prerrogativas constitucionales que terminaron en promesas rotas; hoy, bajo el régimen de Maduro, estas comunidades son más marginales que nunca. En Bolivia, Evo Morales monopolizó la representación indígena para perpetuarse, sin resolver las carencias estructurales de su base.

En Colombia, Petro parece seguir este libreto, utilizando presupuestos estatales para movilizar comunidades en marchas y tomas que solo benefician su agenda. Nombramientos en la Unidad de Restitución de Tierras o en embajadas ante la ONU parecen ser simples “caramelos” para endulzar egos, mientras que la designación de una vicepresidenta indígena para Cepeda se perfila como un nuevo engaño de cogobierno.

La designación de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda no es un hecho aislado, sino que responde a un patrón de la izquierda radical latinoamericana vinculada al Foro de São Paulo. Esta estrategia busca instrumentalizar a los pueblos originarios para legitimar proyectos de poder, tal como lo hicieron en su momento Evo Morales y, más recientemente, Gustavo Petro.

No obstante, lo que Cepeda presentó como un gesto de inclusión y compromiso con los derechos humanos, parece haber ignorado un principio básico de estas comunidades: la autonomía y el consenso.

El error de cálculo es evidente. Al elevar a la líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Cepeda ha profundizado las divisiones dentro del movimiento indígena nacional. Diversas organizaciones denuncian no haber sido consultadas, interpretando este nombramiento como una falta de respeto a sus procesos internos y una preferencia arbitraria por una zona específica del país. Al privilegiar al CRIC, se fractura la unidad del movimiento y se debilita su capacidad colectiva para defender derechos. Lejos de fortalecer la causa, la estrategia de Cepeda parece ser la continuación de la política de Petro: una “unidad” de papel que, en la práctica, fomenta la polarización y margina a quienes no pertenecen al círculo de confianza del gobierno de turno.

Ha quedado claro que para Iván Cepeda la prioridad no es mantener la coalición que llevó a Gustavo Petro al poder, sino consolidar un proyecto ideológico propio, incluso a costa de sus antiguos aliados. Al privilegiar una agenda radical sobre el pragmatismo del “Frente Amplio”, Cepeda ha provocado una desbandada de figuras clave como Clara López, Claudia López, Carlos Caicedo, Luis Guillermo Murillo y Mauricio Lizcano, quienes han optado por caminos independientes hacia la primera vuelta.

Sin embargo, la consecuencia más grave no es la división burocrática, sino la fractura social. Al beneficiar exclusivamente a sus aliados políticos en territorios específicos, donde casualmente coinciden con estructuras de la “Paz Total” y organizaciones narcoguerrilleras, Cepeda ha dividido profundamente al movimiento indígena nacional.

Existe el temor fundado de que estas formas coercitivas de control territorial sean las que definan la votación en primera vuelta, repitiendo estrategias de financiación y presión que ya se cuestionaron en el pasado Pacto Histórico. Lo que se presenta como una “nueva política” parece ser, en realidad, el uso de dineros públicos y alianzas oscuras para asegurar un tiquete a la segunda vuelta.

Se nota el desespero en ciertos sectores de la oposición tras los resultados de la gran consulta; tanto, que han empezado a instrumentalizar la religión. Lo digo con absoluta claridad y como defensor de la democracia: ni Juan Daniel Oviedo ni Paloma Valencia representan una amenaza para el cristianismo o cualquier otra fe.

Sus propuestas no buscan imponer ideologías ni alterar las convicciones espirituales de nadie. Al contrario, apuntan a lo más elemental de un sistema democrático: que en Colombia podamos convivir con respeto, donde las creencias y las identidades tengan un lugar sin temor a la persecución.

La inclusión no debilita la fe ni a la sociedad, la fortalece. Este país solo tendrá futuro el día que entendamos que todos, con nuestras diferencias, debemos caber en él.

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