Lo que el presidente de la República, Gustavo Petro, nunca calculó fue que su anunciado decreto de emergencia económica, hoy ampliamente cuestionado, no solo resulta ilegal, sino también inoportuno, con graves consecuencias para la estabilidad económica y política del país. Más que una verdadera emergencia económica, dicho decreto debería denominarse una emergencia de poder político, derivada de la evidente debilidad que atraviesan sus candidatos, tanto a la Presidencia de la República como al Congreso de la República.

Las encuestas son claras: cerca del 70 % de los colombianos se manifiestan en abierta oposición al llamado gobierno del cambio. En ese contexto, las decisiones adoptadas en los últimos días, todas de marcado carácter populista, lejos de generar respaldo ciudadano, han provocado una fuerte reacción por parte de los líderes regionales, especialmente gobernadores y alcaldes. Con la promulgación de la emergencia económica, se ha demostrado que los principales perjudicados son los departamentos y municipios, pues se debilita directamente la capacidad de los mandatarios locales y regionales para ejercer sus funciones constitucionales.

Esta situación puede interpretarse como una ‘factura de cobro’ contra la mayoría de gobernantes territoriales que no son aliados del actual Gobierno, lo que los ha llevado a declararse en abierta rebeldía o desobediencia frente a un Gobierno que perciben como autoritario. Un Gobierno que, mediante medidas ilegales e inconstitucionales y aprovechando periodos de vacancia judicial, pretende imponer sus condiciones con el objetivo de recuperar un respaldo popular que ha perdido, de cara a las elecciones del presente año.

Esta no es la primera vez que las regiones se oponen a las políticas del actual Gobierno. Basta recordar las elecciones de alcaldes, gobernadores, asambleas y concejos, en las que la oposición obtuvo la mayoría de los cargos de........

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