El próximo 7 de agosto, el Pacto Histórico se enfrenta a un cuestionamiento moral y político de gran calado que resulta imposible de evadir mediante retórica. Tras cuatro años al frente del Gobierno, su gestión queda señalada por una acumulación de denuncias probadas y contundentes sobre corrupción que desbordan los simples ataques de la oposición. Irregularidades en contratación pública, licitaciones dudosas y nombramientos cuestionables no provienen únicamente de sus detractores, sino del seno de la propia coalición y de colectivos que fueron sus aliados clave.

La promesa de erradicar el clientelismo terminó siendo un completo engaño para la ciudadanía. Por el contrario, la burocracia se expandió con el único propósito de perpetuarse en el poder, manteniendo cargos innecesarios ocupados por figuras controvertidas como las conocidas jóvenes Guerrero o la familia Muñoz, a lo que habrá que sumar nuevos hallazgos cuando concluya la auditoría forense anunciada por la administración entrante.

A esta compleja situación se añade la implementación de la política de Paz Total, la cual elevó a estructuras delictivas, tales como el Clan del Golfo, facciones disidentes de las Farc, el ELN y bandas dedicadas al narcotráfico, al estatus de interlocutores válidos del Estado. Lo más grave reside en que el propio mandatario saliente fue objeto de graves incriminaciones realizadas por integrantes de su círculo más íntimo. Estos acontecimientos no representan un asunto menor: constituyen el eje imprescindible para examinar si Gustavo Petro, Iván Cepeda y el Pacto........

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