Los atentados de los últimos días en el suroccidente del país, que dejaron más de 20 muertos y 15 heridos, no solo son producto del empoderamiento de las organizaciones criminales en estos cuatro años, con la complicidad del presidente Gustavo Petro, sino también de la debilidad de unas Fuerzas Militares que vienen en retroceso desde el Gobierno de Juan Manuel Santos y que sin duda se profundizó con el actual Gobierno.

Obviamente, el fin del Plan Colombia y de la política antidrogas que Santos acordó con las Farc, y que el Gobierno Obama en Estados Unidos aprobó, más la disminución en el pie de fuerza como consecuencia del proceso de paz –para no hablar de una moral por el piso, pues en 2010 las Fuerzas Militares eran victoriosas frente a la guerrilla y en 2018 estaban derrotadas y eran las victimarias– creó dos efectos. El primero, la disminución del control territorial. El segundo, un creciente negocio de la coca que empoderó tanto a las disidencias de las Farc como al ELN. Con Petro y su paz total todo empeoró. La droga pasó de 200.000 a 300.000 hectáreas y el control territorial de estas organizaciones creció. El resultado: un aumento en la tasa de homicidios, secuestros, desplazamiento y terrorismo, y la percepción de inseguridad a lo largo y ancho del país.

Así estamos hoy, pero en lo que no podemos caer es en pensar que el problema lo debemos abordar como antes. La guerra cambió, la tecnología cambió, y hay que enfrentar este nuevo........

© Revista Semana