La reciente visita del Papa a España ha levantado una profunda ola de indignación y malestar en amplios sectores laicos y progresistas de la sociedad, quienes contemplan con estupor cómo la máxima autoridad de la Iglesia Católica ha traspasado todas las líneas rojas de la soberanía democrática. Que un líder religioso extranjero utilice la tribuna del Congreso de los Diputados —la casa de la palabra de todos los españoles, la cuna de la soberanía popular— para arremeter abiertamente contra leyes legítimas, democráticas y soberanas como el aborto y la eutanasia, no es solo un anacronismo intolerable, sino una flagrante injerencia política en un Estado que se define constitucionalmente como aconfesional. Es inadmisible que, en pleno siglo XXI, se pretenda imponer una moral dogmática e integrista sobre el derecho a decidir de las mujeres y sobre la libertad de los ciudadanos a tener una muerte digna, derechos ambos conquistados tras años de duras luchas sociales y refrendados por el poder legislativo que nos representa a todos.

Lo que resulta aún más doloroso, hipócrita y lacerante para la conciencia colectiva es el flagrante doble rasero moral exhibido durante su estancia. Mientras el pontífice no dudó en utilizar un tono beligerante y fiscalizador para censurar las leyes civiles del país que lo acoge, pasó de puntillas, con una frialdad y una tibieza desoladoras, sobre la herida sangrante y abierta de la pederastia institucionalizada dentro de los sectores religiosos. La negativa implícita a mantener un encuentro valiente, cara a cara, con las asociaciones de víctimas más........

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