Colombia por fin encontró una prueba científica para decidir quién puede salir a la calle con una pistola y seguir llamándose ciudadano de bien. Para obtener el permiso de porte, el solicitante debe demostrar que tiene más de 120 grados de campo visual, que oye correctamente y que alcanza al menos el percentil 70 en sus capacidades psicomotoras. Al bandido, naturalmente, no lo examinan. Supongo que nunca pide cita. La decencia nacional, después de tantos años de violencia, resultó ser un trámite. El examen psicofísico evalúa al solicitante, pero el arma podrá circular entre personas que nunca entraron al consultorio. El Estado no examina al hijo que puede encontrar la pistola en un cajón, a la mujer que convivirá con un hombre armado durante una relación violenta ni al conductor que discutirá con el propietario en la calle. Ninguno solicitó el permiso, pero todos quedaron incluidos en el riesgo. Si el cálculo falla, todos ponemos el cuerpo.

Con esa confianza en el trámite, Abelardo de la Espriella levantó el 8 de septiembre la suspensión general de los permisos para portar armas. El decreto no estableció el porte libre ni entregó una pistola con cada cédula. Pero sí reactivó los permisos vigentes y eliminó la autorización especial exigida durante la suspensión. La precisión permite identificar la apuesta del Gobierno: conservar los controles sobre el titular y ampliar las situaciones en las que el arma podrá acompañarlo fuera del inmueble, con la fe de que revisar los antecedentes y las aptitudes del solicitante antes de expedir el salvoconducto lo vacuna contra la violencia futura. El expediente congela al aspirante en el instante más conveniente de su biografía, sobrio y procurando aprobar. La pistola, menos impresionada por ese retrato, seguirá disponible........

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