Bogotá será uno de los primeros lugares donde el último pupitrazo del Gobierno dejará de ser una resolución firmada en un escritorio para convertirse en una imposición concreta dentro de los salones de clase. En una ciudad con cientos de miles de estudiantes y miles de instituciones educativas públicas y privadas, lo que hoy parece un acto administrativo distante terminará definiendo contenidos, prácticas pedagógicas y orientaciones sobre sexualidad, género y reproducción para nuestros niños y adolescentes.

El Gobierno puede estar a pocas semanas de terminar su mandato, pero pretende dejar su visión ideológica instalada en las aulas hasta 2035. Y quiere hacerlo mediante una resolución expedida por cuatro ministerios, sin una ley debatida en el Congreso y sin una discusión democrática a la altura de una decisión que compromete la educación de toda una generación.

Por eso este no es un debate abstracto ni una controversia exclusiva de abogados. Es una discusión que llegará a cada colegio de Bogotá, a cada comunidad educativa y, sobre todo, a cada familia que tiene el derecho de participar en la formación de sus hijos.

Muchos intentarán reducir esta discusión a un enfrentamiento entre posiciones ideológicas. Sería un error. La pregunta de fondo es mucho más importante, ¿puede un gobierno utilizar una resolución para crear una política pública nacional con vigencia de diez años e imponer agendas de género para primera infancia a todas las........

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