La reciente presentación del Anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, junto con la apertura de la consulta pública por parte de la autoridad reguladora en México, ha reactivado un debate de larga data: ¿hasta dónde debe intervenir el Estado para garantizar información veraz sin convertirse en árbitro moral ni en censor del periodismo?

El anteproyecto busca regular principios ya reconocidos constitucionalmente, entre ellos la distinción entre información y opinión, la separación entre contenido editorial y publicidad comercial, el fortalecimiento de las Defensorías de las Audiencias, el derecho de réplica y el acceso universal para personas con discapacidad.

Riesgos de la propuesta

No obstante, la incorporación de facultades de supervisión, monitoreo y sanción sobre contenidos periodísticos vuelve a colocar en el centro de la discusión el riesgo de censura previa e indirecta en la radiodifusión y la televisión mexicanas.

Para dimensionar esos riesgos, conviene analizar la propuesta desde tres planos estrechamente vinculados: sus implicaciones jurídicas, sus dilemas éticos y sus efectos operativos en el ejercicio cotidiano del periodismo.

1. El problema de origen: imponer por norma la separación entre información y opinión

Uno de los ejes del anteproyecto es exigir que los medios de comunicación distingan de manera explícita y formal cuándo transmiten información noticiosa —hechos veraces y oportunos— y cuándo ofrecen opinión, interpretación o análisis.

A primera vista, la premisa parece razonable: proteger a la audiencia frente a la manipulación, la propaganda encubierta o el periodismo presentado sin transparencia. Sin embargo, en la práctica periodística contemporánea, la frontera entre hecho, contexto e interpretación rara vez es absoluta.

Riesgo de burocratizar la narrativa periodística

El periodismo interpretativo, el reportaje de investigación y la crónica dependen de la contextualización. Obligar a separar hechos y opiniones mediante advertencias, etiquetas o formatos rígidos puede someter a los reporteros a criterios administrativos ajenos a la lógica editorial.

Así, un análisis de coyuntura, una investigación incómoda o una narración con elementos interpretativos podrían ser calificados por la autoridad como “opinión no declarada”, con el consecuente riesgo de procedimientos o sanciones.

El peligro de convertir al Estado en árbitro de la verdad

Si el Estado supervisa la veracidad de la información para determinar si un medio miente, desinforma o confunde a la audiencia, el poder público adquiere la facultad de decidir qué debe considerarse verdad factual y qué debe catalogarse como falsedad.

Ese escenario resulta especialmente contrario al derecho a la información y, por supuesto, delicado para el periodismo de investigación, que con frecuencia contradice........

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