La discusión sobre los datos personales en México ha dejado de ser un tema exclusivo de especialistas. Hoy forma parte de la vida cotidiana de millones de personas que utilizan aplicaciones bancarias, realizan transferencias desde su teléfono móvil o reciben solicitudes de sus compañías telefónicas para actualizar información personal.

Lo que para algunos son simples requisitos tecnológicos, para otros representa una transformación profunda en la relación entre ciudadanos, empresas y Estado. Y es precisamente ahí donde vale la pena detenerse.

Desde marzo de 2021, las instituciones financieras están obligadas a obtener la geolocalización del dispositivo desde el cual se realizan operaciones de banca móvil. La medida tiene fundamento legal y responde a objetivos relacionados con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Incluso fue revisada y validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, suele perderse un dato importante: esta geolocalización no implica monitoreo permanente ni aplica a las compras realizadas con tarjetas bancarias. Se activa únicamente cuando se utilizan servicios de banca electrónica.

El escenario cambió con la entrada en vigor del nuevo régimen de vinculación obligatoria de líneas telefónicas móviles. La legislación en materia de telecomunicaciones establece que cada línea deberá asociarse a la........

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