Palacio Nacional, embajadas y todas las instituciones públicas no pertenecen a personas ni a grupos, ni a gobiernos en turno. Pertenecen al Estado mexicano. Son recintos destinados al ejercicio de funciones públicas, no espacios de privilegio ni extensiones de la vida personal de quienes temporalmente ocupan el poder.

Desviarlos de ese propósito no es un asunto menor: es una falta administrativa y, en muchos casos, un delito. Y lo más preocupante no es que ocurra, sino la normalización con la que se pretende justificar.

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