La decisión del Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados de reservar por cinco años la información relacionada con todo el proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) evidencia, y mostró, la falta de voluntad para aplicar la ley y el principio de máxima publicidad. La clasificación adoptada resulta incorrecta y desproporcionada frente a las exigencias del marco normativo en materia de acceso a la información.

Ante la presión social y mediática, así como los señalamientos de expertos, se logró que anunciaran la elaboración de “versiones públicas”.

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El Comité determinó reservar la totalidad del proceso por cinco años, incluyendo expedientes, evaluaciones y exámenes de los participantes, lo cual implicaba una restricción amplia e indiscriminada del acceso a la información en un procedimiento de alto interés público, directamente vinculado con la integración de la autoridad encargada de organizar las elecciones en México.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la clasificación de información debe ser siempre excepcional, parcial y debidamente justificada, nunca absoluta. 

Bajo el principio de proporcionalidad, únicamente pueden reservarse aquellos........

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