Hay una frase que decía mi mamá y que hoy viene inevitablemente a mi memoria: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”.

Y es que, por un lado o por otro, comienza a percibirse algo que debería preocuparnos a todas y todos: cada iniciativa, reglamento, acuerdo o propuesta que busca regular las redes sociales, las plataformas digitales o los contenidos que circulan en internet parece traer consigo una inquietud de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado cuando pretende poner límites a lo que decimos, publicamos, compartimos o criticamos?

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No se trata de estar en contra de toda regulación. Regular también puede ser necesario para proteger derechos. Se trata de preguntarnos hasta dónde puede llegar esa regulación cuando toca directamente la conversación pública. Porque hoy, gracias a las redes sociales, existen mecanismos para transparentar lo oculto, plataformas para informarnos y espacios para cuestionar decisiones de quienes ejercen el poder. También contamos con herramientas para contrastar declaraciones, verificar información y cuestionar narrativas que no nos cuadran.

Ya tuvimos un antecedente. En el contexto del proceso electoral federal 2026-2027, el INE incorporó una variable para identificar mecanismos discursivos indirectos, entre ellos el sarcasmo y la ironía, dentro del monitoreo de noticiarios. La Sala Superior del Tribunal Electoral dejó sin efectos esa variable al considerar que carecía de parámetros claros, y el propio INE informó posteriormente que procedería a eliminarla.

Lo he dicho antes: en una democracia, el sarcasmo, la ironía, la crítica y la sátira también forman parte de la libertad de expresión. Cuando una regla pretende identificar aquello que puede considerarse una expresión de descalificación sin parámetros suficientemente claros, la pregunta es inevitable: ¿quién interpreta?,........

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