Cada día conocemos presuntos actos de corrupción. Todo ello gracias al periodismo de investigación y a las denuncias de la sociedad.

Empresas fantasma, compañías vinculadas entre sí, contratos adjudicados sin respetar la ley, operaciones poco claras y reuniones entre actores políticos y empresarios que, mientras públicamente se quejan de los impuestos y aseguran que el Estado los está “ahorcando”, por otro lado parecen encontrar caminos alternativos para avanzar y acercarse al poder.

Pero ¿quién está realmente detrás de esas personas, empresas, contratos y operaciones?

Porque cuando hablamos de corrupción no basta con conocer el nombre de una persona física o de una empresa. Hay que saber quién está detrás de ellos, quién toma las decisiones y, sobre todo, quién recibe finalmente los beneficios.

El concepto de beneficiario final no es nuevo. En México, jurídicamente se utiliza el término “beneficiario controlador”, y la legislación establece que debe identificarse a la persona física que, en última instancia, obtiene los beneficios económicos o ejerce el control sobre una entidad.

Esto incluye, entre otros supuestos, a quien obtiene los rendimientos o ganancias o a quien tiene el verdadero poder para imponer decisiones y obtener el beneficio de la operación de que se trate.

Entonces, si las........

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