CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El oficio del 22 de agosto, difundido por el propio Rubén Rocha Moya, tiene una rara virtud: envía dos mensajes a la vez. Uno es el que la opinión pública quiere escuchar: el gobernador se va, se aparta, queda a disposición de la justicia. Otro es el que tiene validez jurídica: el gobernador conserva el cargo, calla sus razones y se reserva el regreso. Ambos mensajes caben en una página. Sólo uno produce efectos de derecho. Conviene leer el documento cláusula por cláusula y contrastar lo que se cree con lo que es. 

Primero. Se cree que pidió irse. El oficio dice otra cosa. Solicita “licencia temporal con carácter indefinido, por más de treinta días” al cargo de Gobernador Constitucional del Estado. La licencia es un permiso para dejar de ejercer, no un acto de desprendimiento: se pide respecto de lo que se tiene. El derecho distingue entre la titularidad del cargo y su ejercicio; la licencia sólo suspende el segundo. No es casual que el oficio esté firmado como gobernador. Se cree que “indefinido” significa para siempre. Jurídicamente significa, apenas, sin plazo determinado. La licencia sigue siendo temporal por dos razones. Es revocable: el titular reasume por simple aviso a la Mesa Directiva, como lo hizo el 21 de agosto. Y su naturaleza no cambia porque carezca de fecha: la Constitución local no fija plazo máximo a la licencia, laguna que el propio oficio aprovecha. Lo que la licencia no puede ser, sin dejar de ser licencia, es definitiva. Se cree que se aparta para no interferir con las investigaciones. El oficio no lo dice. Todo su fundamento es “por así considerarlo pertinente”: un acto discrecional que no expresa causa alguna. El documento presentado como sometimiento a la justicia no menciona a la justicia. Se cree, en fin, que el trámite lo desprende del poder. Las normas que invoca dicen lo contrario. El artículo 50, fracción VIII, de la Constitución de Sinaloa regula la facultad de conceder licencias; el 58 ordena nombrar gobernador interino cuando........

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