CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Marcelo Ebrard insiste en que no hubo abuso. Que todo fue, simplemente, “la preocupación de un papá por un hijo”. La frase parece diseñada para generar empatía inmediata. Funciona en la sobremesa. Pero en el ejercicio del poder público produce exactamente el efecto contrario: inquieta. Porque no estamos hablando de un padre en su esfera privada. Se habla de un servidor público que administra recursos del Estado. Es la frontera que separa la legalidad de la arbitrariedad. Lo verdaderamente problemático es el criterio que la sostiene. La idea de que lo público puede flexibilizarse cuando entra en escena lo privado. De que la ley puede interpretarse con elasticidad si la justificación es emocional. Y cuando ese razonamiento se instala en quien aspira a gobernar un país, el problema deja de ser individual. Se vuelve estructural. 

Más revelador aún es lo que no ha ocurrido. La Secretaría Anticorrupción guarda silencio. La Fiscalía General de la República también. No hay investigación visible. Es una forma de administración del conflicto. Es selección. Es cálculo. Y, en demasiados casos, es protección. 

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Primero. Conviene retirar la capa emocional del relato. Esto no es una historia de afecto. Es un problema jurídico. El propio Ebrard confiesa sin rubor los hechos posiblemente constitutivos de delitos. Aceptar de una subordinada directa un beneficio para un hijo no es una cortesía personal. Tiene nombre: cohecho administrativo (art. 52, Ley General de........

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