Tal como lo esperábamos, el proceso para elegir ministros, magistrados y jueces federales se inició pleno de frivolidades, promesas políticas, ofrecimientos de favores a gremios y de reconocimiento de compromisos partidistas.

En los candidatos se observó ausencia de conocimiento del Derecho, de ponderación, serenidad e imparcialidad, cualidades que deberían caracterizar a quien juzga. Todo eso se vio en un ejercicio electoral que apenas comienza.

Asistimos, antes de tiempo, a un mal Buen Fin; a un pésimo principio: muchas ofertas, pocos compradores, escasas promociones, nula calidad de la mercancía y no poco derroche de recursos. Parecía un mercado de baratijas chinas.

El domingo 30 y el lunes 31 de marzo los medios enfocaron su atención en algunas de las candidatas a ministras de la Suprema Corte de Morena, aquellas que, como políticas en campaña, ante la pasividad y complacencia, que llega a los límites de la complicidad criminal de las autoridades electorales, concretamente del INE, se hallan en campaña desde hace unos meses, se comprometieron a proteger o salvaguardar los intereses de los sectores que les brindaron su apoyo en su campaña en procuración de los votos ciudadanos.

En los actos a los que comparecieron y en los que intervinieron indebidamente ofrecieron favorecer los intereses de los gremios y de sus agremiados. También mostraron simpatías por sus causas y demandas populares.

Lo anterior, a no dudarlo, de resultar electas, las obligará a excusarse de conocer de los negocios en los que los gremios que les dieron acogida tengan injerencia. Me atrevería a afirmar que también deberían excusarse cuando este de por medio algún interés relacionado con los agremiados en particular.

Juristas serios y conocedores, al parecer, no abundan en Morena. Los pocos que lo son y que se inscribieron para competir por los cargos puestos a la venta, conscientes de que el servicio de impartir justicia no es una mercancía susceptible de ser ofrecida al mejor postor, se han inhibido de entrarle al juego de la oferta y la demanda. No saben cómo venderse al público elector con el fin de que los ciudadanos los compren con su voto; sin tener que prostituirse o de poner en oferta lo que no es vendible.

Pese a que el INE, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, ha prohibido a los servidores públicos intervenir en el proceso electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum, que se entiende que protestó guardar y hacer guardar la........

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