CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El 28 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía sobre la mesa una decisión concreta: definir si es constitucional que Aguascalientes haya reducido de doce a seis semanas el plazo para abortar. Por segunda vez en el año —la primera fue en enero—, la Corte retiró el asunto de su agenda. Mientras esa discusión sigue pendiente, las mujeres y personas gestantes hidrocálidas siguen sujetas a ese límite que resulta incompatible con el consenso médico. En la práctica, esto se traduce a más barreras para recibir servicios de salud de manera oportuna y segura y la permanencia de un modelo que responde con criminalización donde debería responder con atención médica. 

Conviene nombrar lo que está en juego. En Aguascalientes se ha construido, pieza por pieza, un andamiaje destinado a controlar las decisiones reproductivas de las mujeres. La vía penal es apenas su expresión más visible, pero está lejos de ser la única. 

En 2023, tras un amparo promovido por organizaciones de la........

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