El Congreso de la República aprobó recientemente una reforma a la Ley 30 de 1992, que modifica el esquema de financiación de la educación superior pública. En particular, se ajustaron los artículos 86 y 87, que regulan las transferencias de la nación a las instituciones estatales. El cambio consiste en reemplazar el ajuste anual basado en el IPC general por un índice específico de costos de la educación terciaria, construido por el Dane.

La corrección era necesaria: durante décadas, la fórmula anterior erosionó la capacidad financiera de las universidades. Sin embargo, la reforma se limita al mecanismo de actualización de recursos y no introduce urgentes cambios estructurales en las reglas........

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