Kazajistán lanza una plataforma digital para impulsar sus exportaciones en los mercados internacionales

Kazajistán entra en una de las etapas más importantes de su transformación política, una etapa sin precedentes en los 35 años de independencia. El reciente referéndum nacional, el tercero consecutivo, ha demostrado que el sistema político del país es cada vez más maduro y que los ciudadanos están dispuestos a participar directamente en la definición del futuro del Estado. La participación récord, del 73,12 %, y el 87,15 % de votos a favor constituyen una prueba convincente del amplio respaldo social a las reformas constitucionales.

Los ciudadanos aprobaron la nueva Constitución de Kazajistán, que refleja la aspiración genuina del pueblo de vivir en un Estado justo y basado en el Estado de derecho. En su fundamento se encuentra el principio de la Ley y el Orden, el respeto y la protección incondicional de los derechos y libertades fundamentales, la modernización de la sociedad, así como el compromiso con el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura, la ecología, el voluntariado y el patriotismo. Asimismo, se reafirma el carácter laico del Estado.

Al mismo tiempo, se trata de un paso importante hacia adelante, orientado a cumplir con las expectativas de las futuras generaciones. Por ello, estoy convencido de que la nueva Constitución se convertirá en una verdadera “hoja de ruta” para la juventud durante muchos años.

El texto constitucional fue elaborado con gran rigor y sentido de responsabilidad. Personalmente participé en el trabajo sobre cada formulación. La Comisión Constitucional, integrada por 129 ciudadanos de Kazajistán —lo que constituye un nivel de representación sin precedentes—, examinó cuidadosamente cada detalle. Durante seis meses de debate público se analizaron cerca de 12.000 propuestas de expertos y organizaciones no gubernamentales.

La nueva Constitución sienta una base sólida y refuerza nuestro enfoque estratégico: “Un Presidente fuerte, un Parlamento influyente y un Gobierno responsable”.

La eliminación de la cuota presidencial refuerza la independencia del poder legislativo. La transición hacia un Parlamento unicameral (Kurultai) permitirá aumentar la eficiencia y la responsabilidad en la actividad legislativa. La creación de un nuevo órgano consultivo, el Halyk Kenesi (Consejo del Pueblo), ampliará la participación ciudadana y fortalecerá el diálogo social.

Las reformas institucionales en el marco del nuevo sistema constitucional también contribuirán al desarrollo del sistema de administración pública y garantizarán la renovación periódica de los cuadros dirigentes. Entre sus resultados prácticos figuran la introducción del cargo de vicepresidente, que refleja la madurez del sistema de gobernanza, así como la imposición de límites de mandato para altos cargos del Estado.

En el centro de la nueva Constitución están las personas, y no solo la idea de mejorar la administración pública. Por primera vez, la sección más extensa de la Ley Fundamental está dedicada a la protección de los derechos y libertades humanas. El documento establece garantías sólidas para la inviolabilidad de la vida privada, la protección de los datos personales y del domicilio. Asimismo, refuerza la independencia del poder judicial, garantizando a cada ciudadano el acceso a una defensa jurídica cualificada e independiente. Finalmente, se introduce una norma según la cual las futuras modificaciones constitucionales deberán aprobarse mediante referéndum nacional, lo que consolida el derecho del pueblo a tomar decisiones fundamentales.

Además, la nueva Constitución establece una base estratégica para el desarrollo del país, contribuye a reforzar la estabilidad y aumenta su competitividad global. En particular, fortalece la protección del derecho de propiedad, salvaguarda la propiedad intelectual y establece reglas claras para la actividad económica. También se introducen regímenes jurídicos especiales para regiones de desarrollo acelerado, con el objetivo de impulsar la innovación y el crecimiento industrial.

Kazajistán ya es el destino más atractivo para la inversión extranjera directa en Asia Central, concentrando cerca del 70 % de las inversiones que llegan a la región. No obstante, aún queda mucho por hacer. Las reformas son necesarias para acelerar la transición hacia un Estado plenamente digital y una economía innovadora. Asimismo, envían una señal clara a nuestros inversores y socios internacionales sobre nuestro compromiso profundo, constitucionalmente consolidado y a largo plazo con el desarrollo empresarial, la innovación y la cooperación.

A lo largo de tres décadas, a pesar de las turbulencias globales, nuestro país ha avanzado con confianza: Kazajistán figura entre las 50 mayores economías del mundo, se sitúa entre los 30 primeros en digitalización de la administración pública, dispone de importantes reservas de petróleo y gas, así como de energías renovables, minerales críticos y productos agrícolas. Somos una potencia espacial que ha presidido la OSCE y ha sido miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.

Hoy, nuestro país abre nuevas rutas comerciales en el marco del Corredor Medio, refuerza la cooperación con sus vecinos de Asia Central, implementa activamente tecnologías avanzadas y utiliza el superordenador más moderno de la región para desarrollar su propio modelo lingüístico de gran escala.

Kazajistán es también un país con una población joven y cada vez más formada. Cuenta con un sólido capital humano, incluidos artistas y creadores reconocidos, así como recientes campeones olímpicos en patinaje artístico y judo.

Si la Constitución de 1995 sentó las bases de la independencia y la supervivencia del Estado, la Constitución de 2026 es el documento de un país maduro, en renovación y que mira con confianza hacia el futuro. A partir de ahora, el 15 de marzo —día en que nuestro pueblo tomó una decisión histórica— se celebrará como el Día de la Constitución de Kazajistán.

En este momento decisivo, estamos sentando las bases de un Estado más fuerte, que respeta su historia y, al mismo tiempo, promueve los principios de justicia, progreso tecnológico, apertura económica y cooperación internacional responsable.

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