¡Gracias, Tribunal Supremo!

Hubo un tiempo en que los crímenes que cometían los servicios secretos de las naciones democráticas, sobre todo de las poderosas, necesitaban ocultarse. La tortura era un rumor, la desaparición un expediente que nadie firmaba, el asesinato selectivo una operación que el propio Estado negaba con la mano en el pecho. El secreto era, a la vez, el instrumento y la confesión: se ocultaba porque se sabía indefendible. Aquel mundo, con ser atroz, conservaba una última decencia, la vergüenza.

Actualmente ese mundo no existe. Lo que hoy estremece no es ya el secretismo, sino su contrario. Casi todo está documentado. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha descrito, con fechas y métodos, el ahogamiento simulado y los perros lanzados sobre prisioneros palestinos en el campo de Sde Teiman, en el desierto del Néguev, al que la propia prensa israelí llama sin ironía «nuestro Guantánamo». B’Tselem —una organización israelí— ya denunció en 2024 la política institucional y sistemática de abuso contra todos los presos, ante la pasividad de su propio Tribunal Supremo. El Comité Internacional de la Cruz Roja denunció que se les negaba el acceso a los centros de detención. Y nada de ello alteró el curso de las cosas.

He aquí la mutación moral de nuestro tiempo y la tesis de estas páginas: hemos pasado del terror secreto a la impunidad documentada. A casi nadie parecen preocuparle los crímenes que cometen los megalómanos que nos gobiernan, como Trump, Netanyahu o Putin. Lo que antes se escondía hoy se cuenta, se fecha, se archiva —y continúa. Saberlo no obliga a nada. Es un perfeccionamiento del cinismo: ya no hace falta ocultar el crimen si se logra vaciar de consecuencias el hecho de conocerlo.

Conviene desmontar un malentendido. Imaginamos la crueldad como caos, como el desbordamiento de soldados fuera de sí. Es lo contrario: es procedimiento. El aparato que encarcela e interroga a los palestinos no es un desvarío clandestino de espías, sino una burocracia legalmente protegida, con su jurisprudencia y su vocabulario. La Comisión Landau legalizó en 1987 la «presión física moderada»; el Tribunal Supremo la restringió en 1999, pero dejó abierta la excepción de la «necesidad» —la eterna bomba de relojería—; la detención administrativa permite encarcelar sin cargos ni juicio de manera indefinidamente renovable; y la ley del «combatiente ilegal», de 2002, despoja al detenido de Gaza hasta de las garantías mínimas de los tribunales militares.

A finales de 2025 había, según B’Tselem, más de 9.500 palestinos bajo custodia por razones «de seguridad», cerca de un tercio de ellos sin cargos ni juicios —hombres mantenidos en jaulas, con pañales, vendados los ojos durante semanas, según los testimonios recogidos por la ONU—; decenas han muerto en prisión desde octubre de 2023. Detrás de cada una de esas etiquetas administrativas —«detenido administrativo», «combatiente ilegal»— late la misma operación: reclasificar a un ser humano hasta despojarlo de su derecho a ser tratado como tal. No es que se le oculte; es que se le archiva. Y una vez archivado, deja de existir en el único plano donde su sufrimiento tendría consecuencias: nuestra conciencia.

No es una práctica exclusivamente israelí; es la gramática contemporánea de las grandes potencias que se creen todopoderosas y se encuentran en guerra permanente, y deciden atacar a quien les parece: basta con que consideren que puede haber un enemigo —lo sea o no— o un terrorista —lo sea o no— para que decidan hacerlo. La propia CIA la escribió con esmero: el informe del Senado de los Estados Unidos de 2014 documentó los «interrogatorios reforzados» —el eufemismo con que se bautizó la tortura—, los vuelos de entrega........

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