«Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.» – José Ortega y Gasset

Hay momentos en los que una noticia modifica un artículo entero porque cambia la realidad sobre la que estaba escrito.

Eso ha ocurrido con Ceuta.

Durante semanas hemos intentado comprender qué había sucedido los días 30 y 31 de julio; por qué una ciudad de poco más de ochenta mil habitantes pudo recibir en unas horas a decenas de miles de personas; qué sabía el Estado; qué sabía Marruecos; qué falló; por qué cuarenta días después los ceutíes seguían sin recuperar completamente la vida que tenían y por qué algunos responsables políticos parecían empeñados en explicarles que una parte de aquello que sentían pertenecía al terreno de lo «subjetivo».

Pero el 9 de septiembre han sucedido dos cosas que obligan a contemplar el problema desde otro lugar.

Por una parte, el Gobierno ha hecho públicos decenas de informes y comunicaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI e inteligencia militar sobre las semanas anteriores a la crisis.

Por otra, Pedro Sánchez ha pronunciado dos expresiones que, leídas conjuntamente, tienen una trascendencia política extraordinaria.

Ha hablado de «ataques híbridos de esta naturaleza». Y acto seguido ha dicho que Ceuta y Melilla deben prepararse para una «realidad estructural» derivada de la enorme diferencia de renta y oportunidades existente a ambos lados de la frontera. Añadió después que Ceuta necesita instalaciones de acogida mucho mayores y que se trabaja para disponer de hasta 6.000 plazas.

Es entonces cuando cambia la pregunta. Ya no basta con preguntarnos qué ocurrió en Ceuta. Tenemos que empezar a preguntarnos qué Ceuta puede quedar después de lo ocurrido.

Los papeles cambian la historia

En el mes de julio la presión sobre la ciudad de Ceuta fue aumentando. Los servicios españoles observaban un crecimiento extraordinario de las entradas a nado. La Guardia Civil había advertido de la necesidad de reforzar medios. Policía analizaba ya el 28 de julio el riesgo de entradas masivas coincidiendo con la Fiesta del Trono. Y el 29 de julio el CNI comunicó que circulaban convocatorias para intentar entrar al día siguiente por la valla y por el mar, difundidas en grupos cuya audiencia conjunta alcanzaba alrededor de 180.000 seguidores. El aviso fue trasladado a Marruecos, a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil.

La conclusión resulta bastante sencilla: El Estado no sabía con precisión cuántos vendrían. Pero sí sabía que la presión estaba creciendo, sí sabía cuándo podía producirse un intento importante, sí sabía por dónde podía producirse y sí sabía que en las redes sociales circulaban convocatorias para entrar en Ceuta ese día.

Eso demuestra —cuando menos— un fracaso de anticipación. Y el propio presidente lo ha reconocido al afirmar que España necesita mejorar precisamente su capacidad para anticipar y prevenir movimientos de esta naturaleza.

El problema no fue que no hubiera señales como se ha venido negando hasta ahora. El problema fue no tomar a tiempo las medidas que pudieran haber evitado lo que todas aquellas señales juntas anunciaban.

Marruecos: la pregunta que sigue abierta

Hay otra conclusión todavía más grave.

Durante los días anteriores, una parte esencial de la seguridad española dependía de que Marruecos continuara haciendo al otro lado de la frontera lo que venía haciendo: impedir que grandes grupos llegaran hasta ella.

Cuando aquella contención desapareció o resultó insuficiente, Ceuta quedó desbordada.

Los documentos conocidos describen pasividad y un cambio evidente del comportamiento de las fuerzas marroquíes. La propia inteligencia militar calificó su actuación de negligente o pasiva y contempló posibles intereses políticos.

Por tanto, ¿alguien abrió deliberadamente la puerta?

Pero hemos descubierto algo quizá más inquietante: que nuestra seguridad dependía en buena medida de que alguien al otro lado quisiera mantenerla cerrada.

Y Ceuta no es una frontera cualquiera. Es la frontera con España y con Europa frente a un país que mantiene una posición histórica reivindicativa sobre Ceuta y Melilla.

Por eso la cuestión estratégica debería provocar una profunda reflexión: ¿Puede España aceptar que la tranquilidad cotidiana de una parte de su territorio dependa hasta ese extremo de la voluntad de colaboración del país vecino?

Si la respuesta es no, el problema que tenemos delante es bastante mayor que la inmigración.

De la «inseguridad subjetiva» al «ataque híbrido»

Hace apenas unas horas discutíamos las palabras del ministro del Interior.

Fernando Grande-Marlaska había hablado de una «sensación de inseguridad subjetiva» entre los ceutíes y había recordado las........

© Periodista Digital