En el Perú hemos llegado a un nivel de descomposición en el que la violencia se convierte en una herramienta de negociación. El reciente conflicto entre la comunidad de Huaripampa y Antamina lo ilustra con claridad: quema de maquinaria y pérdidas de más de S/20 millones para contratistas, como si destruir propiedad privada fuese parte del “derecho a la protesta”. Todo daño a la propiedad privada o todo pago por extorsión se debe deducir de impuestos porque el Estado no me da ese servicio básico que es la seguridad.

La comunidad alega afectaciones territoriales en 184 hectáreas, mientras la empresa en 1998 firmó contratos de compra de tierras que siguen vigentes e........

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