Hace unos días Le Grand Continent publicaba un artículo cuyo argumento central puede resumirse de forma sencilla: no existen pruebas concluyentes de que Marruecos orquestara la crisis de Ceuta del pasado mes de julio y, por tanto, resulta precipitado atribuir a Rabat una responsabilidad política en lo sucedido. Es una tesis sugerente. También, en mi opinión, profundamente equivocada.

No porque Marruecos deba ser considerado automáticamente culpable de todo lo ocurrido. Tampoco porque existan pruebas irrefutables de que alguien, desde el Palacio Real o desde el Ministerio del Interior marroquí, ordenara abrir la frontera. Lo es porque parte de una premisa que no se corresponde con la forma en que hoy se ejerce el poder.

La geopolítica del siglo XXI ya no se desarrolla únicamente mediante guerras declaradas o crisis diplomáticas abiertas. Buena parte de la competencia entre Estados transcurre en ese espacio ambiguo que conocemos como zona gris: un terreno donde la presión económica, la desinformación, los ciberataques, la coerción diplomática o la instrumentalización de los flujos migratorios permiten modificar el comportamiento de un adversario sin llegar nunca a cruzar el umbral de la confrontación militar.

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Precisamente porque funcionan en ese espacio de ambigüedad, estas estrategias nunca dejan tras de sí una orden firmada. Ese es su principal valor estratégico: ofrecer siempre una negación plausible. Por eso el debate nunca ha consistido en averiguar si Marruecos "organizó" la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta. La pregunta relevante es otra mucho más incómoda: ¿podía impedir que ocurriera? La respuesta parece evidente.

Marruecos mantiene uno de los sistemas de control fronterizo más sofisticados del continente africano. No únicamente por razones de seguridad nacional, sino porque el control migratorio constituye uno de los........

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