Hay 9.000 millones de euros, la inmensa mayoría provenientes de la UE, pendientes de que España convierta en ley una directiva europea que busca recortar emisiones, normativa que se acompaña de un fondo social que paliará los impactos que los cambios tengan en los sectores sociales y empresariales más vulnerables. Se trata de la directiva conocida como ETS2, que se centran en reducir la emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores del transporte por carretera y la vivienda, dos gigantes donde está costando que se note el compromiso climático. Aprobada en 2023 en Bruselas, en marzo de 2025 la Comisión ya instó al Gobierno a que se traspusiera a la legislación española con urgencia, pero el último plazo acabó en junio de ese año y, tras presentar un proyecto de ley fallido, a fecha de hoy la propuesta presentada de nuevo sigue paralizada.

En una jornada celebrada el pasado día 13 en el Congreso de los Diputados, organizada por la Alianza por un Plan Social para el Clima, los partidos presentes (PSOE, PP, Sumar, Unidas Podemos, ERC, PNV y Bildu) se comprometieron a impulsar el fin de este  bloqueo que, si no termina, podría suponer sanciones millonarias al Estado y de momento impide tener unos recursos muy necesarios para que la transición energética sea, si no perfecta, al menos más justa y, por tanto, genere menos rechazo a la transición energética entre quienes menos tienen. Dicho en pocas palabras: sin dinero, difícilmente se hacen obras en el hogar para ahorrar energía o se cambia a un vehículo cero emisiones. Y todos coincidieron: penalizar a esta parte de la sociedad, genera animadversión a medidas no solo necesarias, sino urgentes.

Algunos pasos se dieron en la jornada. El responsable del área del Ministerio de Transición Ecológica, Víctor Marcos, se........

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