Hay 9.000 millones de euros, la inmensa mayoría provenientes de la UE, pendientes de que España convierta en ley una directiva europea que busca recortar emisiones, normativa que se acompaña de un fondo social que paliará los impactos que los cambios tengan en los sectores sociales y empresariales más vulnerables. Se trata de la directiva conocida como ETS2, que se centran en reducir la emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores del transporte por carretera y la vivienda, dos gigantes donde está costando que se note el compromiso climático. Aprobada en 2023 en Bruselas, en marzo de 2025 la Comisión ya instó al Gobierno a que se traspusiera a la legislación española con urgencia, pero el último plazo acabó en junio de ese año y, tras presentar un proyecto de ley fallido, a fecha de hoy la propuesta presentada de nuevo sigue paralizada.

En una jornada celebrada el pasado día 13 en el Congreso de los Diputados, organizada por la Alianza por un Plan Social para el Clima, los partidos presentes (PSOE, PP, Sumar, Unidas Podemos, ERC, PNV y Bildu) se comprometieron a impulsar el fin de este  bloqueo que, si no termina, podría suponer sanciones millonarias al Estado y de momento impide tener unos recursos muy necesarios para que la transición energética sea, si no perfecta, al menos más justa y, por tanto, genere menos rechazo a la transición energética entre quienes menos tienen. Dicho en pocas palabras: sin dinero, difícilmente se hacen obras en el hogar para ahorrar energía o se cambia a un vehículo cero emisiones. Y todos coincidieron: penalizar a esta parte de la sociedad, genera animadversión a medidas no solo necesarias, sino urgentes.

Algunos pasos se dieron en la jornada. El responsable del área del Ministerio de Transición Ecológica, Víctor Marcos, se comprometió a presentar a finales de este mes o principios de mayo, un primer borrador del plan social del clima en el que gastar ese dinero. Ahí deben recogerse las acciones, pero es un documento que, como recordaron los presentes, debe ser consensuado con la sociedad civil y otras administraciones. A estas alturas podía estar ya preparado y enviado a Bruselas para su ‘preautorización’, a falta de dar vía libre a la directiva, pero nada se sabe de él. Y aunque, en general, se consideran ‘insuficientes’ los 9.000 millones para lo que se necesitaría (se distribuirá entre 2026 y 2032, unos 1.300 al año) si que permitirán que la subida de precios por el coste que tiene ‘descarbonizar’ transporte y viviendas, si se hace bien, tenga un impacto menor.

A estas alturas, solo seis países de la UE, uno España, no han iniciado la trasposición de la directiva a su legislación nacional. Cuando lo esté, las empresas de estos dos sectores (transportes y viviendas) tendrán hasta 2028 para tener que pagar por el CO2 que emiten, aunque se dijo que lo lógico es que las acciones para reducirlo deberían estar vigentes desde antes. Se habló de que reformas en las casas y de transportes menos contaminantes (vehículos eléctricos, fomento del público, expansión del uso compartido, etcétera). Y todo lleva su tiempo.

Lo que sí se sabe es a quien deben llegar las ayudas de ese fondo. El Basque Center for Climate Change, BC3, ha investigado cuáles serían los sectores más vulnerables. Mikel González-Eguino, que lidera estos estudios, dejó claro que la nueva directiva -por cierto, sí que fue aprobada en Bruselas por una gran mayoría-, afectará más a hogares de renta baja y a microempresas, y más a los habitantes de los pueblos que a los de las ciudades; en general, esas familias que más problemas tendrán para sustituir calderas por tecnologías más limpias o disponer de una movilidad menos contaminante, de ahí que se hablara mucho de ayudas directas a vehículos eléctricos, bonos de recarga o de hacer mapeos municipales de las edificaciones a reformar según la renta.

Sobre el plan de medidas, Marcos González y Patricia Pérez-Gómez, ambos de la Comisión Europea, dejaron claro que ya podría estar preparado, pero aún no se sabe nada de él. Ambos recordaron que España será de los países que más recibirán (6.800 millones directos, el resto es cofinanciación nacional) y que si no se traspone cuanto antes la directiva, que es previa al plan, podría comenzar un proceso de infracciones y acabar en la Corte Penal Europea. Por cierto, que no esté vigente tiene que ver con la ausencia de un diputado del PSOE en una votación en el Congreso en 2024: hizo que saliera adelante en la proposición de ley presentada por el Gobierno una enmienda de Junts y PP, que aprovecharon para eliminar un impuesto a las compañías eléctricas. Para evitar que les colaran este cambio, el Gobierno retiró el proyecto de ley y hace un año el PSOE lo volvió a presentar pero como proposición de ley. Ahí sigue.

Organizaciones como Ecodes, UGT o la European Anti Poverty Network señalaron que casi el 16% de la población española sufre de pobreza energética, en invierno y en verano, y que el actual bono social para el suministro alcanza a la mitad de ese porcentaje. Insistían en las dificultades de muchas familias para acceder a este tipo de ayudas por el papeleo que conllevan (algo que habrá que evitar, dijeron) o porque ni siquiera son los propietarios de sus hogares y no pueden hacer mejoras. Esos 9.000 millones bloqueados, indicaron estas entidades, vendrían bien para paliar una parte de estos ‘agujeros’.  Desde la European Anti Poverty Network se insistió mucho en que las futuras ayudas, para cuando se conozca , se concedan sin necesidad de tener que disponer previamente de recursos que no se tienen en sectores vulnerables, así como crear oficinas itinerantes de información.

Pero donde está ahora el problema es en el tejado político. Desde Podemos-Alianza Verde se reclama que de ninguna manera estos fondos vayan a combustibles fósiles o que los beneficios reviertan en las grandes empresas privadas, si bien Juantxo López Uralde se mostró a favor de votar a favor de la ley si se traspone la directiva europea tal cual fue aprobada en la UE. Lo mismo señalaron Teresa Jordá de ERC -"para que en esta transición histórica nadie quede en la cuneta" - y los representantes de Sumar, Bildu y PNV. Ni Junts ni Vox estaban presentes. Incluso desde el PP se defendió su voluntad de avanzar en apoyo de las familias vulnerables y se mostraron dispuestos a dialogar para acabar con la parálisis actual. Otra cosa es que se lleve a término porque revolotearon por el aire las acusaciones al Ministerio de Transición Ecológica de "ser un búnker" con el que es muy difícil llegar a acuerdos y por la "poca transparencia" en la elaboración del borrador del plan social para el clima, que los demás están deseando ver.

Carlos Bravo, de la alianza social organizadora del acto, concluía con la esperanza de que "el Gobierno haya escuchado las numerosas voces de los partidos políticos y de los colectivos de que no puede seguir retrasando por más tiempo la elaboración y aprobación del Plan Social para el Clima de España para que entre en funcionamiento cuanto antes". Destacaba, además, el acuerdo político que parecía vislumbrarse. Mientras, esos 9.000 necesarios millones seguirán en el limbo.

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